“Nuestra idea es luchar para desdramatizar el aborto”

Activistas argentinas informan a través de una línea telefónica sobre cómo abortar de forma segura en casa. En la actualidad reciben miles de llamadas.

Martín Cúneo y Emma Gascó / Buenos Aires (Argentina)

Pese a la propaganda del Gobierno kirchnerista sobre los derechos humanos, el aborto sigue estando penado en Argentina, algo que genera un negocio multimillonario para las clínicas clandestinas y un estigma entre las mujeres. El colectivo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto al que pertenece Verónica Marzano trasmite la información necesaria para abortar en casa con Misoprostol, un medicamento avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

DIAGONAL: ¿Cuál es la situación del aborto en Argentina?

VERÓNICA MARZANO: Está penado con cárcel según el artículo 86. No hay muchas mujeres en prisión, pero esto tiene una función extorsionadora muy fuerte. Para que no te lleven presa y que no te pase nada, que no te roben o abusen de ti en la clínica, hay que poner más plata. Existen varios casos en los que el aborto es legal: violación, peligro para la vida de la madre o que sea inviable el embarazo, pero en la práctica no se cumplen. Aunque estas excepciones son legales, jueces, hospitales y comités de ética ponen trabas. En el aborto se cruzan variables relacionadas con la cultura machista, el patriarcado, el negocio, la religión, etc.

D.: ¿Tiene mucho peso la Iglesia?

V. M.: Tiene más peso la corrupción. Según el Ministerio de Salud se realizan entre 460.000 y 600.000 abortos al año. Nosotras pensamos que muchos más. En nuestra línea telefónica para ofrecer información sobre el aborto, este año hemos recibido más de 5.000 llamadas. Todo nuestro trabajo ahora está centrado en lo que nos están contando. Hicimos un informe sobre el negocio del aborto y comprobamos que mueve alrededor de mil millones de pesos al año [unos 180 millones de euros].

D.: ¿En qué consiste la iniciativa que estáis sacando adelante?

V. M.: Hemos abierto una línea de teléfono para dar información sobre el aborto con pastillas de Misoprostol. La OMS indica que es el único método que una mujer tiene para abortar en casa de forma segura hasta la semana 12 de gestación. Nosotras nos basamos en el derecho de información. De las 16 integrantes del colectivo algunas hacen tareas de difusión y otras atendemos el teléfono, por turnos, todos los días. Retransmitimos esa información, la dosis correcta, los riesgos, etc. No prescribimos ni aconsejamos. Se trata de una política de reducción de riesgos.

Nosotras queremos acabar con el aborto visto como un drama. Las mujeres que abortan tienen un gran deseo de hacerlo. Como somos lesbianas, le ponemos la bandera del orgullo. Hay que terminar con la fantasía de aborto cero, que alimentan las mafias de las clínicas clandestinas, y con el estigma que puede producir la propaganda, incluso la feminista, que puede ser contraproducente. Se hace política cuando muere una mujer por un aborto, pero eso también alimenta el miedo. Las mujeres nos llaman pensando que van a morir.

D.: ¿Cómo funciona el Misoprostol?

V. M.: Por precio, el Misoprostol compite con la sonda, que es uno de los métodos inseguros más usado por las mujeres pobres, junto con las agujas de tejer, el perejil, el té, las perchas… La cifra oficial es de cien muertes al año, aunque van bajando gracias al Misoprostol. Hasta el año ‘98 este medicamento se vendía libremente en Argentina, porque es un protector gástrico. En ese año, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y una ONG presentaron un pedido para que se le pusiera receta con el fin de evitar que las mujeres lo usaran para abortar. Lo que sucedió es que el precio del Misoprostol subió muchísimo y hoy se venden seis de cada diez cajas sin receta y con sobreprecio.

D.: ¿Cómo son las llamadas que recibís?

V. M.: Nos cuentan lo que tienen que hacer para juntar tanta plata: desde vender la heladera hasta pedir un crédito, prostituirse, etc. Las chicas que viven en ciudades pequeñas sufren un fuerte estigma, incluso las activistas. Lo primero que te dicen es “yo no estoy a favor del aborto, pero…”. Hay que acabar con esta idea de drama. Hemos editado un manual con toda la información que damos en la línea y las preguntas que nos hacen las mujeres.

D.: ¿Qué es lo que más les preocupa?

V. M.: Desde luego, no sufren por abortar. Abortar les supone una liberación. Para muchas mujeres es la primera vez que se encuentran con este tipo de violencia de género. Te encuentras embarazada y tú no querías, y te preguntas por qué. El 70% de las mujeres que nos llama a la línea nos cuenta que el varón no se puso preservativo y lo difícil que es la negociación para usarlo. Ahí se ve la enorme desigualdad de la mujer frente al varón en el tema del aborto. ¿Por qué no se penaliza al varón?

D.: ¿Por qué el Gobierno no da pasos a favor en la legislación?

V. M.: “Nadie está de acuerdo con el aborto”, fue lo primero que dijo Cristina Kirchner. Pero no han trabajado en contra. Podrían habernos criminalizado y no ha sido el caso. Vamos a trabajar para que las condiciones necesarias se den. En este proceso de Gobierno vemos una oportunidad, y no queremos perderla.

Entrevista publicada en el número 141 del periódico Diagonal.

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“Conseguir que se abran los juicios fue una lucha muy dura”

Desde que en 2003, el Congreso declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cerca de 500 policías y militares han sido procesados, más de 120 han sido condenados y ha sido posible sentar en el banquillo a los principales organizadores del exterminio de 30.000 argentinos, indultados en 1990 durante el mandato de Carlos Saúl Menem. Entrevistamos a Enrique Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, una organización de DD HH independiente del gobierno que ha conseguido condenas tan emblemáticas como las de Etchecolatz o el cura Von Wernich.

Martín Cúneo / Buenos Aires

Argentina se ha convertido en el país latinoamericano, y probablemente del mundo, donde más se ha avanzado en la recuperación de la memoria de los crímenes realizados por el Estado en las últimas décadas y en castigar a sus responsables. Hablamos con Enrique Fukman, miembro de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, colectivo integrante de Justicia Ya!, una plataforma independiente del Gobierno que ha conseguido condenas tan emblemáticas como las de Miguel Etchecolatz y el sacerdote Von Wernich, ambos piezas claves en el circuito represivo de la provincia de Buenos Aires.

Para Enrique Fukman, lo más importante de los avances de estos años no son las condenas, sino el debate que generan los juicios. Justicia Ya! consiguió por primera vez que un tribunal reconociera que los crímenes de la dictadura se realizaron en un “marco de genocidio” conduciendo los debates hacia las causas, las razones de ese genocidio, las conexiones de aquellos tiempos con el presente.

– ¿Qué se siente cuando se ve todo lo que se ha conseguido en los últimos años?

– Yo estuve secuestrado en el campo de detención y exterminio que estuvo funcionando en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), así que imaginate ese día de diciembre de 2009, cuando en el juicio empezaron a entrar los culpables. Primero entró Adolfo Donda, jefe de operaciones de la ESMA, y de repente me di cuenta de que estaba esposado. Si me preguntan qué sentí en ese momento, yo digo con total honestidad: alegría. Con lo que a los pueblos les cuesta conseguir cosas, cada vez que conseguimos algo no viene mal disfrutarlo. Conseguir que se abran los juicios fue una lucha muy dura. Fue una lucha dura porque en un momento dado nuestro país fue dominado culturalmente por el neoliberalismo. Entonces decían “dejen de mirar para atrás”.

– Menem decía que “si no se aprende a olvidar, se convierte uno en una estatua de sal…”.

– Lo que pasa es que el pueblo había comprado eso de que estábamos por entrar en el primer mundo. Entonces había que dejar de mirar para atrás. Y no sólo en derechos humanos, sino en todos los aspectos de la vida política, social, cultural o económica del país. Durante la dictadura hubo un sector de la población que logró vencer el miedo y resistió, la enfrentó hasta lograr lentamente que otros sectores se sumaran a esa lucha, hasta que finalmente la dictadura cayó. Este paso desde un sector minoritario hasta un sector mayoritario también ocurrió en esa década de los ‘90. Primero logramos reabrir los juicios de la verdad, a mediados de los ‘90, unos juicios injustos, si uno se pone a pensar, porque te daban el derecho a conocer a la verdad, pero no el derecho al castigo. Sin embargo al abrirse los juicios de la verdad se empezaron a acercar compañeros a declarar y esa verdad empezó a correr. Y vimos que estos juicios eran una herramienta que había que utilizar en ese momento de impunidad.

– ¿Qué papel jugaron los juicios en el exterior?

– Esos juicios empezaron a generar una situación que se iba a convertir en algo realmente insostenible para los argentinos. En primer lugar porque esos juicios rebotaban y volvían sobre la Argentina. Los diarios publicaban las citaciones de militares, acusándoles de tales y tales barbaridades; después aparecía que eran procesados, que pedían al Gobierno argentino que los detuvieran… Empieza a haber una catarata de juicios: Massera en Italia, Astiz en Francia, se reabren los juicios en Alemania, en Suecia. En segundo lugar, los argentinos nos encontrábamos ante la situación de que el único lugar del mundo donde nuestros propios verdugos podían vivir en libertad era acá, porque si salían afuera eran automáticamente detenidos.

– Pero los juicios en el extranjeros no fueron suficiente impulso…

– Todo este proceso estuvo acompañado de la caída del paradigma de la entrada en el primer mundo. Económicamente el sistema empieza a entrar en crisis. Tenemos las primeras grandes movilizaciones contra el modelo: la Marcha Federal, en 1994, esas inmensa marchas de repudio por los 20 años del golpe… La situación va golpeando la conciencia de nuestro pueblo. Si no estamos en el primer mundo, ¿en dónde estamos entonces? Para saberlo era necesario mirar para atrás.

– ¿Qué papel jugaron las detenciones y condenas de los represores Adolfo Scilingo en España y Miguel Cavallo en México?

– Puede parecer tonto pero el hecho de que le hayan dado 643 años a Scilingo por los vuelos de la muerte empieza a destapar la magnitud de los crímenes. La gota que rebasa el vaso es la imagen de Miguel Cavallo en México en el año 2000, detenido cuando se disponía a fugarse a la Argentina para quedar libre de sus crímenes. En ese momento la economía entra en un momento crítico y a finales de 2001 el sistema entra en crisis en toda su dimensión.

– ¿Cuál es la relación entre las movilizaciones de final de la década y el 19 / 20 de diciembre con los avances de los juicios de la dictadura?

– En esos años empieza el resquebrajamiento del modelo cultural, económico y social del neoliberalismo. Empieza lentamente con esta obstinada lucha para que se entienda que el pasado tiene que ver con el presente. Todo esto va jugando un papel. El pueblo todavía no dice lo que quiere, pero sí lo que no quiere. Todo eso va generando ese nuevo consenso social que finalmente desemboca en mayo de 2003 cuando Nestor Kirchner llega al poder. A Kirchner nunca antes de ese momento le habían importado los derechos humanos. De hecho él, como gobernador, fue totalmente memenista, más que menemista, cavallista en su concepción económica. Fue el primer gobernador que apoyó la reelección de Menem en 1995. Y Cristina Kirchner no apoyó ningún proyecto de anulación de los que se fueron presentando. Entonces, ¿qué les llevó a cambiar de política? Creo que Néstor Kirchner empieza a ser consciente de este cambio en el consenso social. Empieza a ser consciente de la necesidad de acercarse a amplios sectores que no lo acompañan, sectores medios que no son su base. Descubre que esa búsqueda de apoyo no perjudica su alianza estratégica con los sectores industriales, con los grandes capitales y ve que puede acumular poder a partir de ahí. Entonces Kirchner da la orden de votar a los diputados la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No es una decisión que venía preparando. El proyecto lo presenta la diputada Patricia Walsh. El día que se iba a votar estábamos preparando el sonido con un camión para poner fuera una pantalla para que se escuche y se vea la sesión. Yo estaba haciendo las conexiones y en eso sale Patricia Walsh [hija del periodista desaparecido Rodolfo Walsh] y dice:

– Compañeros, me acaba de llamar Camaño.

Eduardo Camaño, el presidente de la cámara de Diputados, le había dicho que suba a su despacho, que tenía que darle un mensaje importante. Patricia Walsh sube a su despacho y le dice a Camaño:

– ¿Y cuál era el mensaje?

– Recibí la orden de Presidencia de que si su proyecto retira el tema de los indultos [aprobados en 1990 por Carlos Saúl Menem], la orden nuestra es votar el proyecto [de anulación de las leyes].

Era la mañana del día en que se iba a tratar, no es que venía de antes, de repente Kirchner ve la oportunidad… Obviamente la miramos y dijimos:

– ¿Dijiste que sí? ¿no?

– Sí, claro que lo retiramos.

Me acuerdo que una compañera, Adriana Calvo, dijo: “Bueno, empecemos a preparar los changuitos [carritos de la compra], para llevar todas las querellas”. La idea era empezar a inundar los tribunales.

– ¿Cómo se inician los primeros juicios?

– Después de la decisión del Congreso se produjo todo un debate sobre la capacidad del poder legislativo de anular estas leyes. Finalmente la Corte dictaminó que de forma extraordinaria el Congreso puede anular leyes. Es curioso porque había dos jueces que venían de la época anterior y cambiaron de postura. Uno de esos jueces explicó por qué había sacado una conclusión diferente: “La justicia tiene que seguir los vientos políticos”. Una verdad total, que todos sabemos, lo que uno nunca se va a imaginar es que un ministro de la Corte lo vaya a decir.

– Es decir, que los vientos políticos habían cambiado….

– Los vientos políticos habían cambiado, y no conviene ir contra el viento. Al quedar nulas las leyes todo se retrotrae al 86-87 y automáticamente todos los juicios que habían quedado paralizados comienzan a activarse. La causa ESMA es la que más datos tenía. Los sobrevivientes ya en dictadura empezamos a denunciar qué es lo que había pasado y luego ya en democracia lo volcamos en la Justicia y reconstruimos la historia. También había mucha información sobre el circuito Camps, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Videla y sobre Miguel Etchecolatz, su segundo como jefe de la brigada de investigación. El caso más emblemático de la capital era el del Turco Julián. El primer juicio que se abre es el de Etchecolatz, en La Plata en 2006. Pero por su extensión, la primera condena fue para el Turco Julián, policía en caso del Garaje Olimpo, ya que el juicio, que había empezado una semana más tarde, era más acotado, sólo por dos casos.

– ¿Por qué resultó tan importante el juicio a Etchecolatz?

– Una razón fue por la desaparición de Julio López, secuestrado durante la dictadura y testigo en el caso. La otra fue que por primera vez una querella -impulsada por la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos y Justicia Ya!- pidió al tribunal que se condene por el crimen de genocidio. Era un momento en que recién se estaba abriendo ese debate y todo el sistema político y judicial se nos echó encima diciendo que era una aberración lo que estábamos haciendo. Realmente lo que querían hacer era evitar que se discuta el genocidio en la Argentina. Un genocidio quiere decir que un grupo desde el Estado decide exterminar a un sector de la población para cambiar las condiciones socioculturales de lo que se desenvuelve en torno al grupo a exterminar. Y nosotros empezamos a preguntar: ¿a quién se quiso exterminar? No es a cualquiera. ¿Y qué es eso de las condiciones socioculturales que se quisieron cambiar? ¿Cuáles son? Y obviamente ahí te empezás a encontrar que el grupo genocida no está formado solamente por los militares, sino también por los grupos económicos, los sectores políticos que los representan, los medios de comunicación, la iglesia como institución… Y por otro lado, lo que se quiso exterminar es toda forma de organización. ¿Para qué? Para implementar a partir de ese genocidio y después de romper los lazos sociales, un modelo económico, el del neoliberalismo, algo que no podían hacer de otra forma: cuando lo intentaron hacer en 1975, durante el Gobierno de Isabel Perón, la gente salió a la calle durante el Rodrigazo. Profundizar en el término de genocidio es avanzar en ese debate. Y por supuesto, ni los sectores económicos ni los sectores políticos estaban de acuerdo con todo esto, el Gobierno incluido. En los alegatos, al final del juicio, el mismo día que secuestran a Julio López, nosotros pedimos ese cambio de calificación. Y la sorpresa es que el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata, no sólo condenó a Etchecolatz sino que concluyó que todos esos crímenes se realizaron “en un marco de genocidio” que hubo en la Argentina. El tribunal reconoció la existencia del genocidio. Para nosotros lo importante es que al otro día en todos los kioscos de diarios, en la calle, en el subte, los de derechas, los progresistas, todos los diarios, decían en su tapa “genocidio”, “genocida”… Lo importante era abrir los debates, porque no nos sirve solamente meter a los milicos en cana, bueno, está bien, en lo personal es un gusto, pero realmente no nos sirve sólo eso. Porque seguimos soñando con construir el mundo que soñábamos cuando empezamos a militar allá por el ’72 cuando tenía 15 años. Para nosotros estos juicios lo que tienen que hacer es abrir debate e ir construyendo una memoria que genere conciencia.

– ¿Siguió usándose la definición de genocidio en otros juicios?

– Esa fue la primera vez en la historia que un tribunal reconoce que se produjo un genocidio en el propio país en el que se realiza el juicio. Ahora Hijos-Tucumán ha pedido condena por genocidio y justo ayer Alejandro Alagia, el fiscal del juicio de ABO (Atlético, Banco Olimpo) pidió condena por genocidio. Había habido antes fiscales que habían pedido condenas “en el marco del genocidio”, pero ésta es la primera vez que un fiscal pide “condena por genocidio”. A partir de ese momento, desde Justicia Ya! empezamos a pedir condenas por genocidio en todos los juicios. En el juicio al cura Von Wernich se mantuvo la postura y también fue condenado. Este capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires siempre fue denunciado como participante de las torturas. Von Wernich, como cura, intentaba jugarte tu conciencia cristiana para sacarte información que sirva a la policía para secuestrar a tus compañeros, a la vez que también participaba de las sesiones de tortura y daba apoyo espiritual a los genocidas para que no tengan cargo de conciencia. Lo peor de todo es que después de haber sido condenado y de que la Corte Suprema confirmara la condena, la Iglesia argentina todavía no lo ha expulsado.

– ¿Qué consecuencias están teniendo los juicios?

– Lo importante de los juicios son los juicios en sí. Quizás acá en la gran ciudad los juicios pasan más desapercibidos. Pero si vos te vas al interior vas a ver que en cada lugar donde se hace un juicio tiene una repercusión social tremenda. Hasta los diarios de derechas sacan artículos todos los días. Así se rompe el imaginario de impunidad. Imaginate que hasta hoy en Tucumán había miedo entre la población porque los canas que te secuestraban o te torturaban seguían viviendo o trabajando en el mismo lugar, que es la vuelta de tu casa. Así que imaginate el primer día del primer juicio en Tucumán: entra Domingo Bussi, alguien que fue amo de la vida de todos los tucumanos haciéndose el viejito enfermo para que no lo condenen, y entonces esa persona que tenía miedo piensa: “¿A ese cobarde le voy a tener yo miedo?”. Y se rompe ese imaginario de miedo, de impunidad.

– ¿Cuál es la postura de la Justicia y el Gobierno?

– El Estado no aporta pruebas. Solamente se acusa a aquellos que nosotros vimos, algo complicado porque gran parte del tiempo estuvimos encapuchados. ¿A quién puede ver una persona encapuchada? Ése es el primer tema. Alguien se podría preguntar “¿y cuál es la otra forma?”. Esa forma es que el Estado dé los listados de quiénes estuvieron en cada lado. Y eso no ha ocurrido. Esos documentos existen, no han sido quemados, como dicen. El segundo tema es que la justicia empezó a desmembrar las causas. En vez de armar en cada lugar una causa única por centro clandestino o circuito represivo, empieza a armar muchas causas. Por ejemplo, en Campo de Mayo, la principal guarnición militar del país, donde se instalaron tres centros clandestinos, habrá pasado tanta gente como por la ESMA, estamos hablando de cerca de 5.000 compañeros, la mayoría desparecidos. Y cada vez que alguien se presentaba al juzgado de San Martín para hacer una denuncia, el juez no lo agregaba a la causa, sino que creaba una nueva. Si tenían 50 casos tenías 50 causas y realmente hay una sola causa, es Campo de Mayo. De esta forma, con 50 juicios en vez de uno se consigue que menos militares lleguen a juicio y sean condenados. Al mismo tiempo la parcelización de las causas imposibilita que se tenga idea del plan genocida. Porque una cosa es juzgar todo el circuito represivo de Camps, donde tuvo gran responsabilidad la policía provincial, y otra cosa es juzgarlo a Etchecolatz solo por algunos casos. De esta forma vos ves un cana jefe hijo de puta que un día se volvió más hijo de puta, salió y secuestró a siete chicos, los mato a la vez y chau… La postura del Gobierno la definió muy bien al principio del todo Esteban Righi, el procurador general de la Nación, cuando dijo que había que hacer un juicio emblemático en cada lugar y eso generaría una sensación de justicia. Nuestro triunfo es que en casi todos lados vamos por el segundo, por el tercer o por el cuarto juicio. No podían evitar que el primer juicio actuara como motor del resto.

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LA INDEPENDENCIA COMO PRINCIPIO

– ¿Cómo funciona la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos (AEDD)?

– Desde la AEDD, junto con otros organismos, planteamos que un organismo de derechos humanos debe ser independiente del Estado. Porque si no es independiente del Estado no puede denunciar las violaciones de los derechos humanos. El Estado siempre tiene las herramientas para castigar los demás delitos. Lo único para lo que no existen herramientas es para castigar los delitos del Estado. Este discurso tan hermoso tiene sus inconvenientes, porque no se puede recibir subvenciones del Estado, tampoco de fundaciones privadas que se ven beneficiadas por las políticas del Estado. Y esta falta de recursos es nuestro principal problema. Nos faltan muchos abogados, porque más allá del juicio está todo el proceso. Al final compañeros que no somos abogados terminamos aprendiendo a hacer los escritos de elevación a juicio para luego dárselos a los abogados, o los borradores para la presentación de pruebas. Es la única forma de llevarlos adelante.

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La Argentina que deja Néstor Kirchner, el Restaurador (versión completa)

Desde el lema “que se vayan todos” hasta el multitudinario adiós a Néstor Kirchner hay diez años de transformaciones en la Argentina. Abordamos estos cambios desde la óptica de los movimientos sociales.

Emma Gascó y Martín Cúneo / Buenos Aires

El kirchnerismo supo canalizar un descontento con la clase política y las instituciones / Emma Gascó

Una cola de 25 manzanas separaba a Ofelia Villarreal de la Casa Rosada, donde la presidenta Cristina Fernández y los principales mandatarios latinoamericanos velaban el ataúd cerrado del ex presidente Néstor Kirchner. Ofelia había venido desde el lejano distrito bonaerense de José C. Paz para agradecer lo que ex presidente hizo por su barrio: “El gobierno de Kirchner nos ha ayudado muchísimo, con viviendas, con subsidios, con una nueva universidad…”.

El 27 de octubre la Plaza de Mayo estaba abarrotada. Las pintadas de apoyo al ex presidente cubrían todos los edificios históricos del centro, incluida la Catedral y el Cabildo. Un integrante del Movimiento de Participación Estudiantil Camilo Cienfuegos lo explicaba a su manera: “Este gobierno ha hecho un cambio anticonservador. Antes había políticas ultraneoliberales y si bien este gobierno no ha sido totalmente de izquierdas, sí creemos que hay un progreso en un montón de temas, discusiones que nunca antes se habían dado”. Juan Manuel Roca, uno de los 8.000 portuarios despedidos en la época del presidente -también peronista- Carlos Saúl Menem, había acudido para agradecer que el ex mandatario haya “solucionado” sus jubilaciones.

“El de Néstor Kirchner ha sido el tercer sepelio más popular en la historia de la Argentina después del de Perón y Evita”, recuerda sentado en la biblioteca de su casa Osvaldo Bayer, historiador y militante anarquista, en cuyo libro se inspiró la película La Patagonia Rebelde. “Con el matrimonio Kirchner se han logrado cosas que antes parecían imposibles. Gracias a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue posible juzgar a los criminales de la dictadura. La eliminación de la ley de radiodifusión permitió acabar con una norma que venía de la época del Proceso. También fue positiva la devolución del dinero de las jubilaciones privadas al Estado, la recomposición de la Corte Suprema [en manos de jueces menemistas] y muchas otras medidas que fueron dejadas de lado hasta ahora. No se logró todo lo que tendrían que haber hecho para democratizar el país, por eso hay que seguir empujando. Porque no hay verdadera democracia mientras haya niños con hambre, y en este año han muerto 204 sólo en la provincia de Misiones. Tampoco hay una verdadera democracia mientras haya villas miseria, y cada vez son más grandes”.

Jefes, bandas y mafias”

Para Osvaldo Bayer, los avances de los últimos años tienen un reverso oscuro. “Néstor Kirchner se ha apoyado en cierta parte del sindicalismo, no muy honrado, presidido por Hugo Moyano, líder de la CGT. Muchos sindicatos han caído en un estado de corporativismo mafioso y eso ha traído una enorme deshonestidad y el dominio de jefes, de bandas y de mafias”.

Uno de los últimos escándalos que amenaza con salpicar a Hugo Moyano y al propio Gobierno, además del asesinato del activista Mariano Ferreyra, es la adulteración y facturación fraudulenta de medicamentos en las obras sociales [servicios de salud que prestan los gremios] para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007, según denunció la ex ministra de Sanidad Graciela Ocaña. La ex ministra, que dimitió de su cargo el 29 de junio de 2009 ante la falta de apoyo y la presión de la CGT, señaló que Hugo Moyano estaba “construyendo un imperio económico ayudado” por el ex presidente Néstor Kirchner.

Unas acusaciones de corrupción que también salpican al gobierno por otros frentes. Miguel Bonasso, diputado nacional independiente y autor de la ley de protección de los glaciares, denunció en numerosas ocasiones la complicidad entre el Gobierno y la minera canadiense Barrick Gold. Además de beneficios impositivos para que la compañía lleve adelante la explotación de oro de Pascua Lama, en la provincia de San Juan, Bonasso denunció incompatibilidades flagrantes. El senador César Gioja, hermano del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, había ocupado un puesto como directivo de una proveedora de la Barrick Gold y como titular de la Comisión de Minería de la cámara alta. Bonasso también señaló al secretario de Minería Jorge Mayoral, “cuya vinculación con Barrick está probada, a través de la firma Milestone, en la que el funcionario tiene el 15% de acciones y directores cruzados con la minera canadiense”.

Unas complicidades que, según denunció Bonasso, llevaron a la presidenta a vetar en noviembre de 2008, después de aprobarse en el Congreso, la ley de protección de glaciares, que prohibía la utilización del agua de estas reservas de alta montaña para usos mineros. En septiembre de 2010, la ley de protección de glaciares volvía a aprobarse en el Congreso. Ésta vez no hubo veto. No parecía ser necesario. El Gobernador de San Juan, el kirchnerista José Luis Gioja, no tardó en declarar que no aplicaría la ley en su provincia en virtud de una cláusula constitucional, incluida con apoyo de Néstor Kirchner en la reforma de 1994, que regionalizaba el subsuelo, es decir, que dejaba a las provincias la negociación con las empresas multinacionales.

Algo parecido ocurre con los recursos petroleros. Según Eduardo Lucita, integrante del colectivo Economistas de Izquierdas, “la situación es peor de la que había con Carlos Menem y [su ministro de Economía] Domingo Cavallo”. Durante la administración kirchnerista, explica Lucita a Diagonal, “se pone en práctica la regionalización de las reservas petroleras decidida en el ‘94. Hoy el Estado nacional no tiene prácticamente posibilidad de injerencia en la política petrolera sino que depende de cada provincia. Y, obviamente, una provincia es más débil que el Estado nacional para negociar. De hecho, en este periodo se han renovado concesiones petroleras para 30 años más cuando todavía quedaban diez para que se venciera el contrato”.

En el principio fue la crisis

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia un 25 de mayo de 2003 su nombre impronunciable apenas era conocido por una pequeña parte de los argentinos. El rechazo popular a los políticos tradicionales, sobre todo al ex presidente Carlos Saúl Menem, que ganó en la primera vuelta con el 24%, fue más importante que sus propuestas electorales o su pasado como gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz, donde cumplió un papel importante en la privatización de la petrolera estatal YPF a cambio de millonarios fondos para su provincia. Seguro de su derrota, Menem no se presentó a la segunda vuelta y Kirchner fue elegido presidente con el 22% de los votos.

“Antes de ser presidente nunca le habían importado los derechos humanos y fue totalmente menenista, es más, Cavallista, en su concepción económica. De hecho fue el primer gobernador que apoyó la reelección de Menem en 1995”, relata a Diagonal Enrique Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, una organización de derechos humanos independiente del kirchnerismo que logró en los recientes juicios contra la dictadura condenas tan emblemáticas como las de Miguel Etchecolatz o el sacerdote Von Wernich.

“Con respecto a Cristina Kirchner”, prosigue Fukman, “no apoyó ningún proyecto de anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de los que se fueron presentando”. “Entonces, ¿qué les llevó a cambiar de política?”, se pregunta este activista, secuestrado y torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura.

“Lo que pasa”, se responde a sí mismo, “es que durante el Gobierno de Menem, en los ‘90, el pueblo había comprado eso de que estábamos por entrar en el primer mundo. Entonces, te decían que había que dejar de mirar para atrás. Y esto ocurría en todas las vertientes, en todos los aspectos de la vida, política, social, cultural, económica del país, no sólo en los derechos humanos”. Sin embargo, la crisis del modelo económico, basado en las privatizaciones, las desregulaciones, el ajuste fiscal y el acatamiento de las ‘recomendaciones’ de los organismos financieros internacionales, no tardó en llegar, echando por tierra toda ilusión de progreso. Desde 1998 a 2002, el PIB había caído un 19% y la inversión un 60%, el desempleo afectaba al 24% de la población y la pobreza a la mitad de los argentinos. “La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo”, dijo al asumir como presidente provisional Eduardo Duhalde en 2002, después de que el radical Fernando De la Rúa tuviera que abandonar la Casa Rosada en helicóptero y le sucedieran cinco presidentes en quince días.

“Si no estábamos en la puerta del primer mundo”, continúa Fuckman, ¿en dónde estábamos entonces”. Para ello había que volver la vista atrás, “comprender que el Gobierno de Menem había profundizado el modelo económico de la dictadura, que su ministro de Economía, Domingo Cavallo, había sido también el vicepresidente del Banco Central en tiempos de Videla y que frente a las grandes situaciones de crisis la solución siempre había sido la misma: la transferencia de capital desde los sectores medios y populares hacia el sector financiero”: en 1981 Cavallo nacionalizó la deuda de los bancos en quiebra; y en 2001, ya ministro de Economía con el Fernando De la Rúa, terminó esa transferencia desde la clase media hacia la banca en crisis con el Corralito”.

Las marchas contra la impunidad, el nacimiento de los movimientos de piqueteros, de trabajadores desocupados, las luchas sindicales y, después del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, la incorporación a la protesta de los sectores medios con las asambleas barriales y los cacerolazos contra el sistema bancario, empezaron a cambiar “el consenso social”, según Fukman. Los “vientos habían cambiado”, explica este activista de los derechos humanos.

El Frente Popular Darío Santillán agrupa hoy a muchos de los movimientos de trabajadores desocupados que nacieron al calor de la crisis; Carina López, integrante de esta plataforma, relata a Diagonal el espíritu de esa época de crisis: “En las elecciones legislativas de 2001 ganó el voto en blanco, el voto impugnado, el voto bronca, como se le llamó. Había una situación de no creer en las instituciones, de no creer en ningún partido político. Si las asambleas barriales se encontraban con un político, lo escracheaban espontáneamente, no importaba que fuera socialista, radical, vecinalista o peronista. Había una situación de no creer en la Corte Suprema, en los políticos, en el mismo sistema político de elección. Y eso es lo que viene a cambiar el Gobierno de Kirchner”.

La situación estaba fuera de control. Tras los asesinatos de los piqueteros Darío Santillán y Maximo Kosteki en el Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002, el presidente peronista Eduardo Duhalde se vio obligado a renunciar a su candidatura y presentar a quien los medios de la época interpretaron como su “hombre de paja”, Néstor Kirchner.

Kirchner, sin una base social propia, “supo hacer una relectura correcta de cuáles eran las demandas sociales, una demarcación de cuál es el espacio que cedería a las demandas populares”, admite a Diagonal Franco Basualdo, también activista del Frente Popular Darío Santillán. El objetivo era, según este activista, devolver la estabilidad, la legitimidad a la política, a las instituciones.

Eduardo Lucita coincide en señalar al kirchnerismo como hijo de las movilizaciones de 2001: “El kirchnerismo necesitaba responder a las demandas de las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Hace una política de derechos humanos, que no es la que la gente quería, pero mejor de la que había antes. Hace una política de desarrollo del mercado interno, de salario y de jubilaciones, que no es lo que la gente aspira, pero es mucho mejor que lo que había antes. Si se la compara con los ‘90 la diferencia es abismal”.

El final del túnel

Para Eduardo Lucita, la salida de esa crisis fueron dos medidas que no tomó el kirchnerismo sino dos administraciones provisionales anteriores: “Una es el no pago de casi el 80% de la deuda externa durante 38 meses. Esto permitió al Estado salir de la crisis financiera y recomponerse. La otra medida fue una enorme devaluación, que pulverizó los salarios y mejoró rápidamente las finanzas del Estado al devaluar también todas las deudas que tenía en pesos, mientras que los ingresos se mantenían en dolares por las exportaciones, que rápidamente reaccionaron de forma favorable. Esto mejoró la competitividad de los productos en el extranjero, al mismo tiempo que frenaba las importaciones. El balance comercial fue pronto positivo y el balance financiero también, algo nuevo en la economía argentina”.

Durante los años ‘90, el sistema que parecía haber terminado con la hiperinflación, la convertibilidad, terminó por arruinar la economía del país. La convertibilidad ataba el peso argentino al dólar favoreciendo las importaciones y perjudicando las exportaciones y la industria nacional, al tiempo que obligaba a captar continuamente divisas para mantener esa paridad artificial: cuando ya no quedaron casi empresas públicas para vender, la deuda externa alcanzó cifras nunca vistas. El modelo del menemismo había favorecido los movimientos especulativos y una fuerte alianza con los sectores financieros. Sin embargo, a partir de la devaluación, explica Lucita, “se cambia el orden dentro del bloque de poder económico: los grandes perdedores fueron el capital financiero y las empresas privatizadas, para ceder su lugar, en los primeros años de la era Kirchner, al bloque comandado por el capital productivo, agrario e industrial”. La situación empieza a cambiar después de 2008 con el conflicto por las retenciones móviles a las exportaciones del campo: “Ahora hay un proceso de disputa porque el capital financiero se ha repuesto, más de la mano nacional que de la mano extranjera. Hoy el gran apoyo al kirchnerismo es la banca nacional porque el Gobierno le da grandes negocios”.

El kirchnerismo asumió muchas de las reclamaciones de los movimientos a cambio de quitarles autonomía, fuerza y protagonismo / Emma Gascó

Presidente busca base social

En sus primeros años de Gobierno, frente a la oposición del aparato del partido peronista representada por Eduardo Duhalde, Kirchner buscó ampliar su apoyo entre los sectores populares y medios. “Desarrolla una política de subsidios”, continúa Lucita, “no sólo con los sectores desocupados y marginales, más golpeados por la crisis, sino también con las empresas de los servicios públicos privatizados para que no aumenten las tarifas”. El Gobierno lanza una política hacia los desocupados y los sectores intermedios para favorecer las cooperativas de trabajo, con diversos planes, entre ellos el reciente plan Argentina Trabaja, una línea de subsidios que llega a cerca de 120.000 personas que se organizan en cooperativas para realizar obras públicas. Además, el gobierno de los K ofreció un relativo apoyo al movimiento de fábricas y empresas recuperadas, que en estos años no ha dejado de crecer en fábricas tomadas y número de empleados.

La reactivación industrial, el crecimiento de las exportaciones, sobre todo de la soja, y los efectos beneficiosos de “una economía mucho más productiva de lo que era en los ’90”, según Eduardo Lucita, permitió la mejora de las condiciones sociales, con una recuperación de salarios al nivel que tenían en 2001. Las mejoras en las jubilaciones, donde se produjeron 18 aumentos consecutivos, ayudaron a miles de personas mayores sin apenas recursos. Aunque “también es cierto -reconoce Lucita- que el 73% de los jubilados cobra la jubilación mínima, unos mil pesos”, cantidad que con las cifras de inflación actual convierte en muy difícil llegar a fin de mes.

Estas limitaciones del modelo se repiten en la distribución del ingreso. “Aunque la desocupación y las pensiones han mejorado y han bajado los niveles de pobreza, la distribución del ingreso sigue siendo prácticamente la misma que en 2002. Y la matriz de distribución del ingreso es prácticamente la misma que dejó la dictadura”, matiza Lucita.

Otro de los factores que más preocupación despierta entre los movimientos sociales son los efectos de un modelo económico que encuentra dos de sus grandes apoyos en el cultivo industrial de soja para la exportación y en la extracción de recursos naturales por parte de multinacionales, con graves consecuencias para el medio ambiente. La soja, un cultivo de gran rentabilidad gracias a la sostenida demanda internacional, los altos precios y sus dos cosechas anuales, pero también con enormes costes ambientales y sociales por el agotamiento del suelo y el uso de agrotóxicos, ha ido desplazando a otros cultivos y actividades destinadas a la alimentación, como la ganadería, que ha perdido ocho millones de hectáreas en favor de la soja.

El aumento del coste de vida ha sido otro de los puntos negros de la gestión del matrimonio Kirchner. El nuevo modelo económico traía aparejado un efecto adverso, un viejo conocido en la Argentina: la inflación. “Cuando empieza este proceso inflacionario a finales de 2006 -relata Lucita- el Gobierno no tiene mejor idea que intervenir el Instituto Nacional de Estadística, falseando los resultados. Hoy nadie sabe cuál es el índice de precios real. Aunque hay que admitir que eso le permitió al Gobierno ahorrarse unos 15 mil millones de dólares al haber una serie de bonos de la deuda vinculados al índice de precios, que son, después de la intervención mucho menores que en la realidad”.

¿Convencimiento o conveniencia?

Autoritarismo, falta de capacidad de negociación, malas formas, corrupción, ataques a la libertad de expresión… Entre el repertorio de críticas habituales de la oposición al kirchnerismo se encuentra el debate de si las medidas más progresistas tomadas por el oficialismo obedecen más al convencimiento o a la conveniencia política del momento.

Una de estas medidas es la ley de medios. Aprobada poco después del conflicto con los grandes terratenientes agroexportadores en 2008, la oposición acusó al kirchnerismo de querer limitar la libertad de expresión al reducir las posibilidades de expansión de medios como Clarín o La Nación, portavoces de la oposición política al kirchenerismo desde el conflicto con los exportadores de soja. Sin embargo, admite Lucita, “la ley de medios es absolutamente progresista. Recogió los 21 puntos que habían sido elaborados por una serie de medios alternativos, aunque hay una serie de ellos que tienen críticas porque no han sido incluidos. Pero todo el mundo reconoce que esta ley de medios es mejor que la que había antes”. Sin embargo, ésa no había sido la política de Néstor Kirchner al llegar al poder. De hecho en 2005 prolongó por diez años las concesiones a todos los medios de comunicación. Para Franco Basualdo, del Frente Popular Darío Santillán, muchas de estas leyes “son progresistas, pero aparecen a partir de conflictos políticos concretos que tiene el gobierno. La ley de medios en sí misma está bien, tiene algunas limitaciones -partimos de la base que todo esto se da dentro de un marco de recomposición de una institucionalidad capitalista-, pero, dentro de eso, si comparás esta ley con la anterior, es muchísimo mejor”. Además de limitar la concentración de medios, la nueva ley reconoce los medios sin fines de lucro y les asigna un tercio del dial. Sin embargo, reconocen desde Prensa de Frente, medio alternativo vinculado con el Frente Popular Darío Santillán, no queda claro qué se entiende por medios sin fines de lucro y no hay reglas que impidan una distribución arbitraria y clientelista de las licencias.

La nacionalización del sistema de jubilaciones privada, instaurado en tiempos de Carlos Saúl Menem, también fue visto como un avance por casi todos los colectivos y movimientos de izquierda, sin que por ello dejaran de arreciar las críticas de que con ello lo que se pretendía realmente era salvar una situación de escasa liquidez por la crisis internacional. “La nacionalización de las jubilaciones supuso transferir por un simple decreto más de cuatro mil millones de dólares que estaban en las cajas jubilatorias del sector privado a las arcas del Estado. El Gobierno lo rescató en plena crisis, cuando las jubilaciones estaban en picada y garantizó el pago de la jubilación. Y ése es un hecho absolutamente progresista”, explica Lucita.

La columna central del movimiento

“En 2002 todas las organizaciones estaban en la calle para conseguir reivindicaciones”, recuerda Carina López, del Frente Popular Darío Santillán. “Con el kirchnerismo, el Gobierno da con generosidad alimentos, planes, subsidios, apoyo económico para emprendimientos productivos, todo lo que uno se puede imaginar, hasta un lugar institucional dentro del Estado a las organizaciones que se suman al proyecto o que deciden no mostrar en las calles un antagonismo directo. Pero al mismo tiempo mantiene una política muy dura de cerrar puertas y deslegitimar a quienes se mantienen en las calles”.

Las tácticas para conseguir esta desmovilización en las calles, varían, según relata Franco Basualdo, del Frente Popular Darío Santillán: “Hubo organizaciones en las que les dijeron ‘ustedes que tienen mucho desarrollo en comedores, ¿por qué no toman la subsecretaría de políticas alimentarias?’ Barrios de Pie tuvo un subsecretario durante seis años. Y nunca más Barrios de Pie movilizó contra el kirchnerismo. Ahora, cuando rompieron con el Gobierno pareciera que el kirchnerismo era el infierno”.

“Siempre estuvimos alineados del otro lado, era muy fácil estar en contra. Es la primera vez que nos vemos ante un proceso como éste”, cuenta Verónica Marzano, de Lesbianas y Feministas por el Derechos al Aborto. Marzano señala el doble discurso oficialista en cuestiones de género. Por un lado aprueba la ley de Matrimonio Homosexual y lanza la Asignación Universal por Hijo, un subsidio mensual que el Estado da a condición de que cada niño esté escolarizado y vacunado y que “impacta en primer lugar en las mujeres”. Por otro, afirma Marzano, sigue penalizando el aborto en prácticamente todos los casos, dejando a las mujeres en la indefensión total.

Esta situación inédita ha provocado divisiones internas en algunos de los movimientos sociales más fuertes, como es el caso del movimiento de fábricas y empresas recuperadas o del movimiento de trabajadores desocupados. También es el caso de los sindicatos más combativos, como demuestra la actual crisis en el seno de la CTA, con 1.400.000 afiliados, entre los sectores más afines al kirchnerismo liderados por Hugo Yasky y los más críticos con el Gobierno.

En el ámbito de los derechos humanos, las divisiones entre los organismos históricos dedicados al periodo de la dictadura y los grupos que pretendían seguir denunciando las violaciones de derechos humanos en el presente y mantener una posición crítica con el Gobierno estaba servida. El kirchnerismo viene a satisfacer una reivindicación que venía reclamando una generación de militantes y ex militantes de los años ‘70. “Cuando llega Kirchner y dice ‘yo soy hijo de las madres de Plaza de Mayo’, eso le gana a cualquier tipo que le mataron a todos sus amigos y compañeros”, dice Franco Basualdo.

Frente a este panorama y tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, “una enorme proporción” de movimientos de derechos humanos, según comenta María del Carmen Verdú, de la organización antirrepresiva Correpi, “optaron por subirse directamente al protoplasma del partido del gobierno”.

A pesar de que Enrique Fukman, de la AEDD, reconoce que Argentina es probablemente “el país donde más se ha avanzado en la toma de conciencia y en la lucha contra la impunidad” mantiene una posición crítica con el oficialismo: “El Gobierno no ha facilitado pruebas y la actitud de los fiscales, representantes del Estado, ha sido de formar parte del desguace de las causas, teniendo en vez de un juicio por centro de detención, uno por cada víctima”.

Para Fukman, “la postura del Gobierno quedó definida por el procurador general de la Nacion, Esteban Righi, cuando dijo que había que realizar un juicio emblemático en cada lugar y eso generaría una sensación de justicia. Nuestro triunfo es que en casi todos lados vamos por el segundo, por el tercer o por el cuarto juicio. No podían evitar que el primer juicio actuara como motor del resto”. Según sus datos, cerca de 120 criminales de la dictadura fueron condenados y 500 procesados desde la anulación de las leyes aprobadas en el gobierno de Raúl Alfonsín.

Esta división interna de los movimientos se vio rápidamente acentuada por la arremetida de la derecha y los grandes medios de comunicación. “Se crea un polarización -cuenta Fukman-, una situación de ‘o estás conmigo o estás contra mí’. Eso lo generaron los Kirchner porque les convenía, pero también marca un déficit de la izquierda, que no ha sabido expresar alternativas”.

Para Lucita el problema es que “se ha perdido capacidad de desarrollar políticas independientes. El kirchnerismo lo confronta todo y obliga a tomar posición. Y frente a los debates que se han lanzado en los últimos tiempos no puedes quedarte al margen”. El economista pone como ejemplo la polémica de 2009 sobre el pago de la deuda externa: “Toda la crítica de la derecha es que no hay que pagar la deuda con reservas sino con dinero sacado del presupuesto. Desde el punto de vista de los trabajadores, es mejor pagarla con reservas que con presupuesto, ya que si pagas con presupuesto tienes que hacer un ajuste. El Gobierno fue capaz de plantear el pago de la deuda como algo de izquierdas, cuando lo realmente progresista, como nosotros proponíamos, era no pagarla”.

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La Argentina que deja Néstor Kirchner, el Restaurador

El kirchnerismo supo canalizar un descontento con la clase política y las instituciones / Emma Gascó

Del “que se vayan todos” al multitudinario homenaje a Néstor Kirchner hay diez años de transformaciones. DIAGONAL analiza estos cambios desde la óptica de los movimientos sociales.

Martín Cúneo y Emma Gascó / Buenos Aires

“Con el matrimonio Kirchner se han logrado cosas que antes parecían imposibles”, dice sentado en la biblioteca de su casa Osvaldo Bayer, historiador y militante anarquista, en cuyo libro se inspiró la película La Patagonia Rebelde. “Gracias a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue posible juzgar a los criminales de la dictadura. También fue positiva la devolución del dinero de las jubilaciones privadas al Estado y muchas otras medidas que fueron dejadas de lado hasta ahora. Aunque no se logró todo lo que habría que haber hecho para democratizar el país, porque no hay verdadera democracia mientras haya villas miseria y niños con hambre. Por eso hay que seguir empujando”.

Para el historiador anarquista Osvaldo Bayer, los avances de los últimos años tienen un reverso oscuro. “Néstor Kirchner se ha apoyado en cierta parte del sindicalismo, no muy honrado, presidido por Hugo Moyano, líder del sindicato mayoritario CGT. Muchos sindicatos han caído en un estado de corporativismo mafioso y eso ha traído una enorme deshonestidad y el dominio de jefes, de bandas y de mafias”.

En el principio fue la crisis

Cuando en 2003 Néstor Kirchner fue elegido presidente con el 22% de los votos, su nombre impronunciable apenas era conocido por una pequeña parte de los argentinos. El rechazo popular a los políticos tradicionales fue más importante que sus propuestas electorales o su pasado como gobernador de la provincia de Santa Cruz, donde cumplió un papel importante en la privatización de la petrolera estatal YPF.

“Antes de ser presidente nunca le habían importado los derechos humanos y fue totalmente menemista en su concepción económica”, relata a DIAGONAL Enrique Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. “Entonces, ¿qué le llevó a cambiar de política?”, se pregunta este activista, detenido y torturado en la Escuela Mecánica de la Armada. “Lo que pasó”, se responde a sí mismo, “es que los vientos habían cambiado”.

La crisis del modelo económico neoliberal de los ‘90 no había tardado en llegar. Desde 1998 a 2002, el PIB había caído un 19% y la inversión un 60%, el desempleo afectaba al 24% de la población y la pobreza al 50%. Las marchas contra la impunidad, el nacimiento de los movimientos de piqueteros, de desocupados, de jubilados, las luchas laborales y, después del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, la incorporación a la protesta de los sectores medios con las asambleas barriales y los cacerolazos contra el sistema bancario “empezaron a cambiar el consenso social”, recuerda Fukman.

En las elecciones legislativas de 2001 el voto en blanco y el voto impugnado, el llamado voto bronca, ya se habían convertido en la primera fuerza política. “Si las asambleas barriales se encontraban con un político lo escracheaban espontáneamente, no importaba de qué partido fuera. Y eso es lo que viene a cambiar el Gobierno de Kirchner”, dice Carina López, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), una plataforma de movimientos de trabajadores desocupados que se mantiene independiente del oficialismo.

Néstor Kirchner, sin una base social propia, “supo hacer una relectura correcta de cuáles eran las demandas sociales, una demarcación de cuál es el espacio que cedería a las demandas populares” admite a DIAGONAL Franco Basualdo, también activista del FPDS. El objetivo era, según Basualdo, devolver la estabilidad, la legitimidad a las instituciones.

Al final del túnel

La salida de la crisis, según afirma el economista Eduardo Lucita, miembro de Economistas de Izquierdas, se produjo gracias a dos medidas que no tomó el kirchnerismo, sino dos administraciones provisionales anteriores: “Una fue el no pago de casi el 80% de la deuda externa durante 38 meses. Esto permitió al Estado salir de la crisis financiera y recomponerse. La otra fue una enorme devaluación, que pulverizó los salarios, pero mejoró las finanzas del Estado al devaluar también las deudas que tenía en pesos, mientras los ingresos se mantenían en dolares por las exportaciones, que rápidamente reaccionaron de forma favorable”.

Durante los años ‘90, el modelo económico, basado en el ajuste fiscal, las privatizaciones y la paridad entre el peso y el dólar, había favorecido el endeudamiento, la especulación y una fuerte alianza con los sectores financieros. “A partir de la devaluación de 2002”, explica Lucita, “se cambia el orden de alianzas”: el sector financiero y las empresas privatizadas ceden su lugar preponderante a los sectores industriales y agrarios.

La reactivación industrial, el crecimiento de las exportaciones, sobre todo de la soja, y los efectos beneficiosos de “una economía mucho más productiva”, según Lucita, favoreció la mejora de las condiciones sociales, el descenso del paro a cifras inferiores al 10% y una recuperación de salarios al nivel de 2001. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner a partir de 2007 aprovecharon la mejora de la economía para “desarrollar una política de subsidios”, explica Lucita, “no sólo con los sectores desocupados y marginales, sino también con las empresas de servicios públicos privatizados para que no aumentaran las tarifas”, además de lanzar medidas sociales como el aumento de las jubilaciones o un apoyo sostenido a la creación de cooperativas.

Sin embargo, la acción distributiva del Gobierno no ha limado las desigualdades. Tan grandes han sido las ganancias empresariales que “la distribución del ingreso sigue siendo prácticamente la misma que en 2002”, asegura Lucita. La dependencia de los altos precios internacionales de la soja, un cultivo altamente perjudicial para el medioambiente y que ha desplazando a otras actividades destinadas a la alimentación como la ganadería, es una de las críticas más habituales al kirchnerismo.

La columna central del movimiento

El kirchnerismo asumió muchas de las reclamaciones de los movimientos a cambio de quitarles autonomía, fuerza y protagonismo / Emma Gascó

“En 2002 todas las organizaciones estaban en la calle para conseguir reivindicaciones”, recuerda Carina López, del FPDS. “Con el kirchnerismo, el Gobierno da con generosidad alimentos, planes, apoyo económico para emprendimientos productivos, hasta un lugar institucional dentro del Estado a las organizaciones que se suman al proyecto o que deciden no mostrar un antagonismo directo. Pero al mismo tiempo mantiene una política muy dura de deslegitimar a quienes se mantienen en las calles”.

“Siempre estuvimos alineados del otro lado, era muy fácil estar en contra. Es la primera vez que nos vemos ante un proceso como éste”, cuenta Verónica Marzano, de Lesbianas y Feministas por el Derechos al Aborto. Marzano señala el doble discurso oficialista en cuestiones de género. Por un lado, el Gobierno aprueba la ley de Matrimonio Homosexual y lanza la Asignación Universal por Hijo, un subsidio mensual que el Estado da a condición de que cada niño esté escolarizado y vacunado, algo que “impacta en primer lugar en las mujeres”. Por otro, recuerda Marzano, el aborto sigue estando penalizado, dejando a las mujeres en la indefensión total.

Esta situación inédita ha provocado divisiones internas en algunos de los movimientos sociales más fuertes, como es el caso del de las fábricas y empresas recuperadas o del movimiento de trabajadores desocupados. En el ámbito de los derechos humanos, las divisiones entre los organismos dedicados a pedir justicia por los crímenes de la dictadura y los grupos que pretendían mantener una posición crítica con el Gobierno por los abusos en el presente estaba servida.

Esta pugna interna de los movimientos se vio rápidamente acentuada por la arremetida de la derecha y los grandes medios de comunicación. “Se crea una gran polarización -cuenta Fukman-, una situación de ‘estás conmigo o estás contra mí’, que también marca un déficit de la izquierda, que no ha sabido expresar alternativas”.

Para Lucita el problema es que “se ha perdido capacidad de desarrollar políticas independientes. El kirchnerismo lo confronta todo y obliga a tomar posición. Frente a los debates que se han lanzado en los últimos tiempos no puedes no tomarla”. El economista pone como ejemplo la polémica a finales de 2009 sobre el pago de la deuda externa: “Toda la crítica de la derecha es que no hay que pagar la deuda con reservas sino con dinero sacado del presupuesto. Desde el punto de vista de los trabajadores, es mejor pagarla con reservas ya que si pagas con presupuesto tienes que hacer un ajuste. El Gobierno fue capaz de plantear el pago de la deuda como algo de izquierdas, cuando lo realmente progresista era no pagarla”.

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28 de octubre: fotos del homenaje a Néstor Kirchner en Plaza de Mayo

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