Las bases intentan salvar el proceso de cambio en Bolivia

El ‘gasolinazo’ ha marcado un punto de inflexión en la relación entre los movimientos y el Gobierno de Morales. Las exigencias de las bases sobrepasan a las cúpulas de las organizaciones reactivando el proceso de cambio.

Ilustración Emma Gascó

Hay muchas teorías sobre el cálculo que llevó al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) a decidir la mayor subida de los carburantes de la historia de Bolivia. Pero todas coinciden en cuál hubiera sido la consecuencia de no haberla retirado: la caída inmediata del Gobierno.

El 30 y 31 de diciembre de 2010, sin que las principales organizaciones sociales de El Alto convocaran a la movilización, miles de vecinos de esta ciudad vecina a La Paz salieron a la calle para tumbar un decreto que atentaba directamente contra sus bolsillos. Salieron a la calle y atacaron la alcaldía, quemaron el peaje de la carretera que conduce a La Paz y apedrearon las sedes de la Federación de Vecinos (Fejuve) de El Alto y de la Central Obrera Regional.

Los alteños las acusaban de “traidoras a las luchas de octubre” por no criticar el ‘gasolinazo’ con la firmeza necesaria. Los tiempos habían cambiado: en octubre de 2003, la policía atacaba la sede de la Fejuve; en diciembre de 2010, la policía la defendía de los manifestantes. En el transcurso de esos siete años, las principales organizaciones sociales se habían convertido en aliadas del Gobierno.

En el Chapare, el otro bastión tradicional del Gobierno, algunos sectores campesinos bloquearon la carretera. Evo Morales viajó a la región para comprobar el apoyo de las federaciones cocaleras. Según cuenta a este periódico Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos del Gobierno del MAS, la charla se desarrolló de la siguiente manera: “Evo habla: ‘¿Están o no están con el Gobierno y el presidente’. ‘Presidente, estamos con usted al 100%, pero no garantizamos que las bases no nos vayan a sobrepasar y si hay un bloqueo general de caminos en el Chapare por el ‘gasolinazo’ nosotros no lo podemos parar’, le respondieron”.

División interna

Las dos principales organizaciones indígenas, Conamaq y Cidob, así como otras organizaciones que reconocen al MAS como su brazo político –como los campesinos de la CSUTCB–, profundizaron su desencuentro con el Gobierno. A su vez, se acentuaba la división interna entre los sectores oficialistas y antioficialistas de estas organizaciones.

“Los actuales dirigentes están sometidos a Evo Morales”, decía Rufo Calle, ex dirigente de la CSUTCB. El aviso de la llegada, dinamita en mano, de los mineros de Oruro y Potosí y las marchas de los trabajadores fabriles, de los maestros urbanos y de las juntas vecinales terminaron de hacer inverosímil la teoría del Gobierno de que sólo era la derecha la que estaba movilizando a la población.

La cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, se vio arrastrada por las bases desde posiciones oficialistas a un tímido rechazo al Gobierno. El líder del sindicato, Pedro Montes, pasó de ser atacado en la calle por no criticar el ‘gasolinazo’ a convocar en marzo una huelga general por el aumento del costo de la vida.

Ante la negativa del Gobierno a negociar, el 8 de abril los sindicatos afiliados a la COB, llegados de diversos rincones del país, colapsaban La Paz en una nueva convocatoria de huelga indefinida, entre ataques a los edificios oficiales, cargas policiales, botes de gas y balas de goma. “Ya no podía contener más a las bases”, reconoció el líder de la COB tras la convocatoria de la huelga. Según Soliz Rada, “Montes es muy amigo de Evo, pero ¿de qué le sirve un amigo fuera de la COB? Sería como un cura que dejó la religión”. El efecto del ‘gasolinazo’ también afectó a la Fejuve-El Alto, que ha convocado marchas contra el alza del costo de la vida para marcar distancia con el Gobierno.

Para muchos el ‘gasolinazo’ ha tenido la virtud de dejar a la vista algunos de los principales problemas del proceso. “En las organizaciones existe un control de una cúpula de dirigentes nacionales y un poco más abajo que manejan todo”, explica Julieta Paredes, de la Asamblea Feminista y una de las fundadoras de Mujeres Creando. “Van del Ministerio al Viceministerio, luego son dirigentes nacionales, luego son dirigentes departamentales, o pasan a ser ministros… Se ha relegado la consulta a la base y se ha impuesto el manejo prebendal”.

Para Pablo Mamani, sociólogo aymara, director de la revista Willca y residente en El Alto, la situación que se ha creado es más compleja. Imaginemos que hay un adentro y un afuera del poder. Adentro está el Estado, el Gobierno, las instituciones, “que siempre han mantenido un discurso anticampesino, antiindígena”… Afuera están los movimientos sociales, las comunidades…

“La novedad es que el movimiento cocalero, CSUTCB, Bartolina Sisa y otros entran [en 2006], rompen el caparazón colonial del Estado para meterse adentro de la lógica del Estado para, a partir de ese momento, posicionarse, tratar de reformarlo desde adentro, cosa que han conseguido en cierto modo, pero que no han conseguido en su gran mayoría”, explica Mamani. “El ‘gasolinazo’ hizo que los que estaban adentro”, argumenta, “tengan que salir para afuera, retroceder, entender, acercarse a la gente para no terminar botados [echados]. La fuerza de afuera es tan fuerte que hace tener miedo al Gobierno de Evo Morales y entonces anula el decreto”.

Movilizaciones históricas

Las protestas del ‘gasolinazo’ se han ganado un puesto junto a las movilizaciones históricas que consiguieron cambiar el panorama político boliviano en los últimos diez años: la retirada de la multinacional del agua Bechtel de Cochabamba en el año 2000, la renuncia de Sánchez de Lozada en 2003, la dimisión de Carlos Mesa en 2005 o las movilizaciones populares que hicieron retroceder a la derecha golpista en 2008.

Las movilizaciones de diciembre y de los cuatro primeros meses del año parecen recordar que el “proceso de cambio”, convertido casi en una marca y eslogan del partido en el poder, no tiene como única y necesaria expresión a Evo Morales y a su Gobierno.

“Evo Morales tendría que tomar sus propias palabras, creérselas cuando dice que él no es el proceso, que el proceso es el pueblo”, dice a DIAGONAL Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras con el MAS. “Eso no solamente debe ser así, sino que actualmente es así. En la medida en que los actos del Gobierno se distancien de los objetivos del proceso, como ya está ocurriendo, esto va a quedar más patente en un escenario de conflicto. El Gobierno ya se ha enfrentado a los indígenas de tierras bajas, a los pobladores de Caranavi, a todos los sectores populares de Potosí, a los maestros y esto va a acentuarse porque con mayor o menor conciencia y lucidez discursiva la gente se va a plantear rescatar el proceso del propio Gobierno, rescatarlo del extravío gubernamental, y se va a plantear la hipótesis de continuar el proceso no sólo sin Evo Morales, sino contra Evo Morales.

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20 DÍAS DE PARO EN POTOSÍ

A finales de julio de 2010 estallaba un conflicto en Potosí, la región más pobre de Bolivia y hasta hace poco otro de los bastiones del MAS. Los motivos: una disputa con el vecino departamento de Oruro por una zona rica en piedra caliza –materia prima para la fabricación de cemento– y otros temas relacionados con el desarrollo económico de la región.

Casi 20 días de paros, huelgas de hambre y cortes de carreteras liderados por ‘comunarios’ de la localidad de Coroma y el Comité Cívico de Potosí, con un amplio apoyo social, no bastaron para que el Gobierno les quitara la etiqueta de “derechistas”. Frente al paro cívico potosino, “ocasionado por el abandono y la pobreza en la que este departamento está sumido”, según el director del Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL), Juan Carlos Balderas, “el Gobierno, nuevamente hizo gala de una extrema soberbia al negarse a dialogar con los huelguistas y dejó que la medida potosina se convirtiera en una demanda nacional”.

LAS BASES DE LA COB Y LA PRIMERA HUELGA

En mayo de 2010, los reclamos por el incremento del costo de la vida y por un aumento salarial, acorde con el alza de los precios, se unieron en la convocatoria de la primera huelga general contra el Gobierno del MAS. Pero antes hubo que convencer a la oficialista Central Obrera Boliviana. Frente al anuncio de un aumento salarial del 5%, la cúpula de la COB, liderada por Pedro Montes, guardó silencio.

Pero el 27 de abril, 14 dirigentes fabriles se lanzaron a una huelga de hambre para exigir al Gobierno un aumento del 12%. A esta medida de presión se sumaron en los siguientes días decenas de sindicalistas. Dos días después, una movilización de fabriles en La Paz pedía la renuncia de la ministra de Trabajo y acusaba a Montes de “traidor”. Ese día, en una reunión ampliada de la COB, la central mayoritaria aceptó convocar un paro nacional el 4 de mayo por la presión de sus bases. Tras la negativa del Gobierno, la COB llamó a la huelga indefinida a partir del 10 de mayo. Por primera vez en cinco años, Morales no participó en el 1º de Mayo.

¿GOBIERNO INDÍGENA?

El 23 de junio de 2010, partió de Trinidad (Beni) una marcha liderada por Cidob, la confederación indígena de las tierras bajas. Entre descalificaciones del Gobierno, las organizaciones pedían el derecho de consulta sobre la explotación de recursos naturales en sus territorios, una figura reconocida en la Constitución y que no ha sido implementada, según denuncia el Cidob. La marcha del Cidob coincidió con la declaración del estado de alerta en la otra gran organización indígena, la Conamaq, por la asignación de escaños indígenas en la Ley Transitoria Electoral.

Conamaq y Cidob pedían entre 12 y 17 escaños para la representación de los pueblos indígenas, pero el Parlamento rechazó la propuesta. Después de una dura negociación con la derecha, huelga de hambre de Evo Morales de por medio, los escaños indígenas se quedaron solamente en siete.

ENTRE LA PACHAMA Y LA MINERÍA A CIELO ABIERTO

“La consulta previa está en la Constitución, pero en la ley dice que no tiene carácter vinculante, es decir, que no tiene carácter obligatorio para la autoridad del Estado. Entonces, ¿para qué sirve esa ley? Es otra de las grandes contradicciones de este proceso”, sentencia Pablo Mamani.

Para la socióloga Silvia Rivera, autora del libro Oprimidos pero no vencidos, “hay todo un discurso muy bonito de la pachamama y sin embargo están haciendo unas hidroeléctricas inmensas, unas represas que van a inundar tierras indígenas, una cantidad de infraestructuras que demuestran que el proyecto es neodesarrollista y en ese sentido incluye el desprecio por lo indígena”, afirma Rivera.

Uno de los temas en donde existe más distancia entre los discursos y las políticas es la minería. En la gran cumbre de Cochabamba sobre Cambio Climático y Medioambiente en abril de 2010, el Conamaq propuso una mesa para discutir el tema de la contaminación minera. “El Gobierno se negó absolutamente a poner ese tema diciendo que ese no era un tema universal sino local. Mejor dicho, ¿dónde no contamina la minería?”, dice Silvia Rivera.

En San Cristóbal, en el departamento de Potosí, sí lo hace. El 16 de abril de 2010, unos 900 pobladores de tres provincias del departamento de Potosí tomaron y quemaron las oficinas de la mayor mina de Bolivia, gestionada por la japonesa Sumitono. Los comunarios exigían, entre otras demandas, que la mina pagara por el uso diario de 50.000 metros cúbicos de agua. Una cantidad que amenaza seriamente los cultivos y el suministro de agua en una zona desértica.

La reposición de las aguas fósiles, depositadas hace diez mil años, tardaría seis décadas, desde que cese el bombeo, según cálculos del especialista Jorge Molina. A estos efectos, cabe añadir la contaminación en las aguas con aluminio, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, níquel antimonio y zinc.

Ante la movilización, la reacción del Gobierno fue convocar a los campesinos a replegarse y aceptar el diálogo ya que estaban “en juego varios intereses locales y regionales”, en palabras del vicepresidente Álvaro García Linera. La exportación de minerales, iniciada en 2007, genera para Sumitono unos beneficios de mil millones de dólares anuales. El Estado boliviano apenas se queda un 3,5% del total.


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Acerca de losmovimientoscontraatacan

Los Movimientos Contraatacan y todo el material que puedes encontrar en este blog está realizado por Martín Cúneo (periodista, diseñador y miembro de Diagonal) y Emma Gascó (integrante de Diagonal, periodista, ilustradora y traductora). Los reportajes, entrevistas, ilustraciones y vídeos han sido publicados previamente en otros medios alternativos y pueden reproducirse libremente, siempre que sea sin fines de lucro y citando la fuente. martindiagonal(a)yahoo.es / emmagasco(a)gmail.com
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