“Evo Morales se ha visto con su límite. Se acabó la luna de miel”

En los años ‘80 Silvia Rivera fue una de las fundadoras del Taller de Historia Oral Andina, una de las iniciativas más importantes en el proceso de recuperación de la memoria de las luchas indígenas por el territorio y la identidad aymara. En los años siguientes escribió libros fundamentales para entender los procesos de transformación en Bolivia como Oprimidos pero no vencidos.

Emma Gascó y Martín Cúneo / La Paz (Bolivia)
Versión corta publicada en Diagonal 149

Silvia Rivera, en la construcción de un centro cultural en el barrio de Tembladerani, La Paz

PREGUNTA: ¿Qué queda de la colonización en la sociedad boliviana?
SILVIA RIVERA: Todo. El sentido común es un sentido común colonizado, porque ha incorporado la valoración positiva de lo europeo y lo extranjero, lo norteamericano, y la desvalorización de lo propio. Aunque ahora eso está cambiando, sin duda. Ahora la gente indígena se siente orgullosa de ser indígena, pero hay una serie de elementos como la escuela que no han sido realmente pensados de nuevo, desde una perspectiva de descolonización. Sigue habiendo una especie de reforma educativa vigente desde el ‘94, promovida por el Banco Mundial, dentro de un esquema de multiculturalismo light que no permite realmente una política para mayorías. Todos estos tipos hablan de las etnicidades como una cuestión de minorías. En Bolivia el 62% en el año 2001 nos hemos identificado con algún pueblo indígena.

Hay toda una visión reaccionaria en las iglesias, en las escuelas, en las universidades, y en la clase política en general, que tiene una distancia cotidiana con el mundo indígena. Todos los izquierdistas y progresistas tienen sirvientas indígenas en sus casas. Eso es una cosa del siglo XVIII. Pero las expresiones más brutales de racismo casi siempre se guardan. Hay formas sutiles de racismo que se pueden detectar por el lenguaje, por el gesto, cosas relacionadas con la invisibilidad. Eso te da una pauta de la internalización del racismo. En los propios sectores populares, como muchos sectores han sufrido discriminación de niños, procuran por ejemplo que sus hijos ya no hablen aymara y procuran encaminarlos hacia una modernidad entre comillas. Esta situación está cambiando, no es tan grave como era hace unos años. Ahora hay más resistencia, más capacidad de oponerse a ese maltrato cotidiano, las trabajadoras del hogar se han organizado, hay muchísimas empresas comunitarias, campesinas, hay exportadores de quinua, exportadores de lana, de alpaca, que son comunarios indígenas. Hay también una valoración mayor de los saberes indígenas y sobre todo de los alimentos y del enorme potencial que tiene Bolivia para el cuidado agroecológico de la tierra.

P.: ¿Desde cuándo se da ese mayor reconocimiento?
S.R.: Desde los ‘70, cuando surge después de muchos años de silencio un movimiento indígena que se llama el katarismo y el indianismo. La visibilidad pública de las temáticas indígenas ha sido importante desde entonces. Yo me acuerdo que por el año ‘93 no dejaron entrar a una chola a un hotel. Al poco tiempo el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas organizó un gran banquete donde el 90% de la gente era chola y lo hizo en el mismo hotel. Se dieron esas batallas simbólicas, que son importantes. Hay un lindo proceso de fortalecimiento, no sólo en los Andes, también en la Amazonía, pero no de ese indio tradicional, puro para el turismo, sino lo que siempre fue lo indígena, que siempre fue más moderno que la elite, que siempre tuvo y sigue teniendo rasgos señoriales, arcaicos, feudales.

P.: ¿Y qué queda del colonialismo económico?
S.R.: El colonialismo económico está rampante, porque las trasnacionales acá hacen lo que les da la gana. La gente que viene por acá se fija normalmente en las grandes organizaciones, la CSUTCB, Bartolina Sisa, Conamaq, pero no se dan cuenta de que hay muchas coaliciones pequeñas, que tienen incluso más profundidad en cuanto a sus cuestionamientos. Te hablo de toda la coalición de comunidades afectadas por la minería en Oruro y Potosí. Y estoy hablando de minería estatal, con Huanuni, uno de los focos de contaminación más brutales. Este tipo de organizaciones en defensa de la tierra son muy despreciadas por el Gobierno. Otro gran rubro es el de acabar con la impunidad de las dictaduras. Y Evo Morales se ha opuesto a que los militares saquen a la luz sus archivos, a pesar de que hay órdenes judiciales, hasta de la Corte Suprema, para que desclasifiquen los documentos que permitan encontrar el paradero de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y una cantidad de desaparecidos en la dictadura del ‘80 al ‘82, pero también en la dictadura de Hugo Bánzer. Hay unas cuentas pendientes con los militares, pero como Evo tiene una alianza estratégica con los milicos… El otro gran tema de cuestionamiento al Gobierno es la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hay todo un discurso muy bonito de la pachamama, Bolivia ha sido el único país que ha votado en contra en la cumbre de Cancún y, sin embargo, están haciendo unas hidroeléctricas inmensas, unas represas que van a inundar tierras indígenas, están haciendo una fábrica de azúcar en el norte de La Paz, en tierras de los indígenas leco, una cantidad de cosas que demuestran que el proyecto es neodesarrollista y en ese sentido incluye el desprecio por lo indígena, por lo que también es racista.

P.: La Constitución dice que los indígenas tienen derecho a la consulta previa en sus territorios…
S.R.: Pero eso lo están pasando por alto. La Constitución es un gran paraguas, pero depende de la fuerza social que la haga viable y vigente. Por la vía de la cooptación de las dirigencias se ha logrado neutralizar muchas demandas. Otro ejemplo, el Conamaq propuso justamente la mesa 18 -de las 17 que había- en la gran cumbre de Tiquipaya [Cochabamba] sobre el Cambio Climático y Medioambiente, para discutir el tema de la contaminación minera. El Gobierno se negó absolutamente a poner ese tema diciendo que ese no era un tema universal sino local. Mejor dicho, ¿dónde no contamina la minería?

P.: En uno de tus escritos vinculabas el colonialismo con la introducción del patriarcado en la cultural originarias.
S.R.: Los sistemas de parentesco del tiempo incaico eran bilaterales, es decir, había una esfera masculina y una esfera femenina del poder, también del poder estatal. Pero que estaba basada en asimetrías. Era una simetría basada en asimetrías complementarias, lo cual indica que el equilibrio de género es un ideal, no es una realidad. La esfera paralela de la ritualidad femenina es la que más ha sobrevivido porque los más controlados en la época colonial eran los varones, con los tributos, la mita… Además, la visión patriarcal de los colonizadores, justamente al hacer invisible a la mujer y al pensar que sólo hay un representante de la familia, que es el varón, de algún modo dejó que las mujeres hagan sus cosas. De ahí que hubo una capacidad de resistir al patriarcado mediante este ideal de complementariedad. Ahora, eso se ha ido deteriorando paulatinamente. Yo creo que el sindicalismo y las visiones territorialistas de la cuestión indígena son las que están reforzando de algún modo esa estructura patriarcal. Las mujeres se casan dentro de la unidad del patrilinaje y salen de su comunidad. Por definición las mujeres tejen relaciones interculturales con otras comunidades, en tanto que el varón y su lectura de la identidad es una lectura basada en el territorio. La mujer es la que saca y mete cultura, es un tejido. La metáfora que usamos para entender esto es el hombre guerrero y la mujer tejedora. Entonces el tejido intercultural de la mujer es lo que permite esas alianzas panindígenas y también populares e indígenas, no sólo corporativas de la comunidad. Pero ese patriarcado es muy fuerte en el sindicato y los sindicatos ahora mismo son muy fuertes en el Gobierno.

P.: Una vez expulsados los españoles, ¿cuál fue el papel de la República?
S.R.: La República fue peor. En el colonialismo había dos repúblicas, una república de súbditos y otra de soberanos. A partir de las reformas liberales de fines de siglo XIX, había una sola República y todos supuestamente, formalmente iguales. Pero como dicen los mexicanos unos eran más iguales que otros. Ahí entraba la doble moral. El discurso decía una cosa y en la práctica se hacía otra. Ése es un rasgo del colonialismo interno muy tenaz, un colonialismo vigente hasta el día de hoy. El colonialismo no atañe sólo al periodo colonial, es una estructura profunda que marca una serie de relaciones y sobre todo es la colonialidad del Estado, el espacio más colonizado de todos.

P.: ¿Cómo ha ido evolucionando los derechos de las mujeres en los últimos años?
S.R.: Es más fácil ser indio que ser mujer. Está mucho más internalizado en las organizaciones populares el machismo, en las juntas vecinales, en los sindicatos, en la propia organización indígena Conamaq. Tú puedes ser dirigente sólo en cuanto eres esposa de un dirigente. Para las mujeres solas no hay un lugar, cosa que sí existe en las comunidades. En las comunidades, al nivel de la base, hay mujeres que ocupan el cargo de mallku, el cargo máximo de autoridad, pero eso a nivel de las cúpulas eso ya no se produce. El tema del patriarcado es mucho más profundo y está muy vinculado con el colonialismo. La descolonización tiene que ver con que tienes que repensar todas las relaciones y las relaciones de jerarquía y opresión de las mujeres por los hombres, que es una de las relaciones más profundas y de mayor duración que existe.

P.: ¿Qué ha pasado al respecto desde que llegó Evo al poder?
S.R.: Está mal la cosa, más macho que el Evo no hay. Por dios santo, el Álvaro y el Evo son los machos máximos, les gusta el fútbol, les gustan los milicos… De fondo es muy fuerte el machismo en el Estado, y eso viene del sindicalismo.

P.: ¿Cómo se va gestando este ciclo de movilizaciones populares a partir del año 2000?
S.R.: En los años ‘90 no cabe duda de que había un bajón general, realmente nos sentíamos muy derrotados con la capitalización, todo lo que estaba pasando con la entrega del país a las trasnacionales. Pero había focos importantes. Y uno de los focos era obviamente los cocaleros. Y la resistencia cocalera fue lo que mantuvo ese fuego vivo. Pero a fines de los ‘90 las promesas del neoliberalismo hacían aguas por todos lados, todos los empleos, todas las vainas eran mentira. Cada vez era más grave la situación y viene el tema del gas y la resistencia empieza a generalizarse. El eje de la resistencia fue el tema del agua, junto con lo que venía acumulado de las luchas cocaleras y el articulador como concepto fue el concepto de soberanía. En eso el Evo tuvo la gran profundidad política de percatarse de que ésa era una cosa que nos atañe a todos. Y entonces se juntan soberanía sobre el agua, soberanía sobre la tierra, soberanía sobre el consumo, sobre el cuerpo… empezó a ser una noción polisémica que captaba muchas demandas particulares. Todo eso culmina de esta forma: el gas, el agua y la coca son criaturas de la pachamama y son nuestras.

P.: ¿Por qué Evo consigue aunar todas las demandas que estaban sobre la mesa?
S.R.: La coca era el punto clave donde se juntan tradición indígena, derechos económicos populares, intervención imperialista directa… La soberanía era el núcleo que empieza a articular soberanía sobre el gas, soberanía sobre el agua, soberanía sobre la tierra… La hoja de coca es un símbolo articulador de toda una serie de demandas populares, indígenas, económicas, políticas, estatales… No cabe duda que ése es el elemento que le da fuerza al Evo. Y el segundo elemento es que como los kataristas -y a diferencia de los indianistas- Evo es mucho más abierto a las alianzas.

P.: ¿En esos polos de lucha cuál fue el papel de las mujeres?
S.R.: En el momento de la lucha estábamos en primera línea, estábamos en las calles, estábamos en todo lo que es la organización cotidiana, en la olla común, todo esa labor de hormiga, y sobre todo en mantener viva la energía de la movilización. Había un mes entero sin comida, sin nada, no entraba nada a la ciudad y las mujeres son las que tenemos despensas. En todos los sectores populares en Bolivia, todavía hay una cultura de la despensa muy fuerte, todavía no existe la cultura del supermercado. Eso permite que te sostengas durante un mes de protestas y que no unas a los que están imputados contra los que protestan. Y eso es labor de las mujeres. Llega la calma, llega la paz y los que saben de política toman la palabra y son los que terminan arruinando toda esa energía y en eso viene Alvaro García Linera a decir todo lo que vamos a hacer, viene a definir las cosas a nivel estatal, desoyendo las demandas. Porque la gente sentía lo del gas porque no teníamos gas para cocinar, había que hacer unas colas inmensas. Antes se exportaba y nosotros no teníamos gas para cocinar. En la Argentina en todas las cocinas se prendía el gas y acá no. Ésas son las cosas que te muestran que el gas no es como en la cabeza del Alvaro los miles de millones de divisas, sino lo cotidiano, y por lo cotidiano lucha la gente.

P.: ¿Qué significaron esas luchas en el sentido de la construcción de otro tipo de poder, de estructuras democráticas alternativas?
S.R.: Es una cuestión actual, vigente. Éste es un momento, una especie de paraguas que nos protege de la lluvia ácida neoliberal y ese paraguas nos permite que cada quien haga lo suyo. Y hay mucha práctica de la micropolítica, colectivos contraculturales, de todo tipo, publicaciones, música, hip hop, reciclado, cantidades de pequeñas iniciativas autogestionarias, populares, que me parecen que son lo que más vale de este proceso que estamos viviendo, en tanto que antes eso era poco menos que trabajar en la clandestinidad. Hoy día, puedes hacer eso. Puedes hacer eso, puedes también protestar, puedes hacer cambiar un gasolinazo. Hay un sentido de que hay un poder en nuestras manos, que es el poder de la sociedad sobre el Estado.

P.: ¿Ha habido cambios reales hacia un Estado plurinacional?
S.R.: No va a haber cambios mientras no se ataque la educación, mientras no se trabaje desde abajo. Hay una captura de liderazgos clientelar. Y claro, la gente no se queda contenta y cuestiona al líder y sirve de contrapeso. De alguna manera somos plurinacionales a pesar del Estado.

P.: ¿Ha habido un proceso de captación y desactivación de los movimientos sociales?
S.R.: Absolutamente, neutralización clientelar y prebendal.

P.: Pero parece que no lo han conseguido…
S.R.: No pues, no nos dejamos tampoco. Hay siempre una masa crítica que está permanentemente cuestionando los liderazgos.

P.: En el último año ha habido brotes en Potosí, Caranavi…
S.R.: Ahorita se está armando la gorda en todos lados por los precios de los abastecimientos. En todos lados hay molestias por tantas promesas incumplidas, mucha retórica sin sustento, y yo creo que Evo se ha visto con su límite, se acabó la luna de miel. Se ha visto que los movimientos no han sido desactivados, pero siempre se hace daño si a un buen dirigente lo captas. El Eugenio Rojas, de Achacachi, el líder de los Ponchos Rojos, era el hombre más crítico y ahora es el más oficialista. Eso te da una pauta, dirigentes que han tardado años en construir un liderazgo y ahora están de senadores, de viceministros, neutralizados.
Los dirigentes que están en el Gobierno están en una posición muy difícil, porque o se alejan de sus bases o terminan en bronca con el Gobierno. Después del gasolinazo se han dado cuenta primero de que no va a haber 2014 ¡chau Evo!, que ni piense en la reelección. Segundo que tienen que empezar a prestar atención a lo que la gente quiere, demanda y exige.

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Bolivia: entre la euforia y la frustración

Ilustración Emma Gascó

El Gobierno de Evo Morales ha defraudado a amplios sectores de los movimientos sociales que le auparon al poder y que aspiran a reformas políticas más profundas.

Martín Cúneo / La Paz
(Publicado en el Diagonal 149)

En el edificio de la vicepresidencia del Estado plurinacional, en el centro de La Paz, discurre una reunión de asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS). Los sombreros negros de copa, las polleras –faldas tradicionales– de las mujeres del Altiplano y los mantos con tejidos andinos hablan de tiempos muy diferentes. Hace unos años el mismo espacio estaba copado por diputados blancos, hombres de corbata y con estudios en EE UU, en un país donde el 67% de las personas se considera indígena.

Nos recibe Juan Carlos Pinto, coordinador general del Proceso de la Enciclopedia Documental del Proceso Constituyente y asesor en vicepresidencia. “Estamos en una etapa de la revolución democrática y cultural. Algo que en Europa ha pasado hace 200 años nosotros lo estamos viviendo ahora con el acceso de la mayoría de la población a los puestos del Estado”, explica Pinto. “De alguna manera estamos cambiando de contenido el Estado, estamos transformándolo. No ha dejado de ser un Estado liberal en su forma de organización, pero está salpicado de pueblo, y eso es una medida auténticamente liberal, la posibilidad de que todos tengan derecho a ser parte”.

Durante las últimas dos décadas, el Estado había sido conducido, según describe Julieta Paredes, por “masterados, doctorados, especializados, que habían estudiado en Harvard, en Lovaina… y ¿qué han hecho del país? Se lo han entregado a los depredadores. ¿Qué logros ha tenido la política neoliberal de esos yuppies de traje? ¿Qué cosa han hecho? ¡Nada! Durante todo el primer período nuestras hermanas y hermanos, muchos de ellos campesinos, han tomado el Gobierno, y ahí empezaron a aprender, al hacerlo, porque esto también es nuestro”.

Presiones de la derecha

La Asamblea Constituyente (2006- 2008), una eterna demanda para la refundación del país, fue un punto culminante de la participación popular. Pero ese “momento fundamental”, en palabras del sociólogo aymara Pablo Mamani, “también representó el inicio de la frustración”. Las presiones de la derecha obligaron a cambiar la sede de la Asamblea Constituyente de Sucre a Oruro. En 2008, estas presiones llevaron al Gobierno del MAS a aceptar un acuerdo y pactar en el Congreso la modificación de 144 artículos de los 400 que habían sido aprobados por los representantes elegidos por los bolivianos para esta misión.

La frustración fue creciendo en adelante, a pesar de coincidir con el histórico momento en que había sido derrotada la derecha, élite que había monopolizado el poder durante los tres siglos de conquista y los 184 años de República. Para Raúl Zibechi, analista y editor de la revista uruguaya Brecha, la clave se dio en las jornadas de agosto y septiembre de 2008, donde “las fuerzas populares bolivianas” consiguieron “una contundente derrota de la derecha oligárquica de Santa Cruz”.

La derecha arrinconada en su propio bastión tuvo que admitir su derrota. Las elecciones generales de diciembre de 2009 lo confirmaron: Evo ganó con un 64% de los votos. “Derrotamos en términos simbólicos a la derecha, pero también los derrotamos en el sentido de que no tenga poder político, que no tenga representación simbólica pública, aunque sigue teniendo el poder económico, la tierra, los medios de comunicación, todos esos elementos fundamentales”, dice Mamani.

Pero los festejos de esta victoria no duraron mucho, porque pronto empezó a verse que “la derecha estaba dentro del Gobierno”, según apunta Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB). “No fue tan de repente. Desde que asumió, Evo tuvo la idea de que había que saber de Estado. Decían que tuvieron que recurrir a los que saben, ser incluyentes, y por incluyentes querían decir que a los viejos políticos les dejemos una silla al lado. Es así como gente del MNR, MIR o ADN [partidos que gobernaron durante la etapa neoliberal] o del MSM [una escisión del MAS] se colaron en el Gobierno”.

Gobernando con el enemigo

Gandarillas pone como ejemplo al actual ministro de Economía, Luis Arce Catacora, un “fondomonetarista” que trabajó con Gonzalo Sánchez de Lozada y fue miembro del partido neoliberal MNR. Algunos de los más férreos opositores al Gobierno en los primeros años se han ido acercando al MAS. El caso más sonado fue el pacto, antes de las últimas elecciones entre el Gobierno, y sectores de la Unión Juvenil Cruceñista, grupo que había liderado numerosos ataques racistas en los años anteriores.

Para Juan Carlos Pinto, existe un sector “más liberal” dentro del Estado, que apuesta por demostrar que Bolivia consigue “grandes cifras económicas”, ahorro del Estado o superávit fiscal. Esta corriente fue determinante en la promulgación del decreto 748, por el que subían los hidrocarburos. “El sector económico presentó como catastrófico el hecho de no tomar este tipo de decisiones. Y no se hizo una adecuada evaluación política. Fue un mal cálculo. Porque el estómago pesa más que cualquier cosa”, apunta.

Desde la derrota de la derecha el panorama político se ha complicado para el Gobierno. “Ahora vivimos un nuevo escenario histórico, en el que la derecha es una parte de la crítica, pero desde dentro de nuestra cancha sale otra crítica, otras voces, otros hombres y mujeres diciendo ‘hermano, estás fallando: esto, esto y lo otro está mal’. En ese escenario el Gobierno de Evo Morales ya no sabe moverse”, puntualiza Pablo Mamani.

“A todos los califican de derechistas, de enemigos, de neoliberales. Esta lectura ya no sirve. El Gobierno sigue leyendo este momento de la historia igual que en los momentos de la guerra contra la derecha”, dice.

Debate sobre Evo Morales

Desde el inicio del segundo mandato, los principales conflictos no fueron, como en el primer período, con las élites del Oriente, sino con sectores de los movimientos sociales. El alejamiento de los principios originarios del proceso y “la contradicción entre lo que dice y hace el Gobierno”, según Silvia Rivera, ha colocado al Gobierno en el peor momento de sus cinco años. El futuro de Evo Morales y de todo proceso es objeto de debate continuo en todas las esferas.

“Evo tiene una gran ventaja: no tiene una alternativa política que pueda poner en riesgo su mandato ni, de momento, su reelección”, dice Soliz Rada. Para Pablo Mamani, el Gobierno de Morales ya cumplió su rol histórico. “Ahora necesitamos otro momento y otros actores. Todavía no sabemos dónde está eso, pero ese momento será el de condensación de esta larga lucha, de las frustraciones y de los logros de hoy”, dice. Lo que nadie pone en duda es que Bolivia ya no es la misma.

Para Mamani hay razones para ser optimista: este proceso situará a la sociedad boliviana en un punto histórico muy diferente “desde donde poder mirar el mundo, el poder, la política, la economía… Yo creo que lo que la gente está pensando, lo que la gente está diciendo, lo que está soñando va mucho más allá del Gobierno de Evo Morales, al mismo tiempo que está agradecida a muchas cosas que hizo”.

Para Silvia Rivera, la principal aportación del proceso de cambio es que actúa como un “paraguas que protege de la lluvia ácida neoliberal”, permitiendo que surjan todo tipo de iniciativas, actividades y colectivos autogestionados, que generan un nuevo sentido del poder que hay en manos de la población, que permite protestar y hasta tumbar una medida como el ‘gasolinazo’. “Es el poder de la sociedad sobre el Estado”, concluye Rivera.

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IIRSA: UN PROYECTO NEOCOLONIAL

Otra de las contradicciones entre el discurso y la práctica del Gobierno son las carreteras dentro del plan de infraestructuras para América Latina conocido como IIRSA. “El IIRSA se planea en Bolivia desde hace años, lo que hace el Gobierno es continuar con el proyecto”, dice John Zambrana, de Fobomade. “El trazado de las carreteras principalmente va por áreas donde hay recursos naturales, que coinciden con áreas protegidas y zonas indígenas. El objetivo es el aprovechamiento de esos recursos naturales para exportarlos como materia prima. Continúa con un modelo extractivista, sin tener beneficios por la industrialización”, señala Zambrana.

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Las bases intentan salvar el proceso de cambio en Bolivia

El ‘gasolinazo’ ha marcado un punto de inflexión en la relación entre los movimientos y el Gobierno de Morales. Las exigencias de las bases sobrepasan a las cúpulas de las organizaciones reactivando el proceso de cambio.

Ilustración Emma Gascó

Hay muchas teorías sobre el cálculo que llevó al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) a decidir la mayor subida de los carburantes de la historia de Bolivia. Pero todas coinciden en cuál hubiera sido la consecuencia de no haberla retirado: la caída inmediata del Gobierno.

El 30 y 31 de diciembre de 2010, sin que las principales organizaciones sociales de El Alto convocaran a la movilización, miles de vecinos de esta ciudad vecina a La Paz salieron a la calle para tumbar un decreto que atentaba directamente contra sus bolsillos. Salieron a la calle y atacaron la alcaldía, quemaron el peaje de la carretera que conduce a La Paz y apedrearon las sedes de la Federación de Vecinos (Fejuve) de El Alto y de la Central Obrera Regional.

Los alteños las acusaban de “traidoras a las luchas de octubre” por no criticar el ‘gasolinazo’ con la firmeza necesaria. Los tiempos habían cambiado: en octubre de 2003, la policía atacaba la sede de la Fejuve; en diciembre de 2010, la policía la defendía de los manifestantes. En el transcurso de esos siete años, las principales organizaciones sociales se habían convertido en aliadas del Gobierno.

En el Chapare, el otro bastión tradicional del Gobierno, algunos sectores campesinos bloquearon la carretera. Evo Morales viajó a la región para comprobar el apoyo de las federaciones cocaleras. Según cuenta a este periódico Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos del Gobierno del MAS, la charla se desarrolló de la siguiente manera: “Evo habla: ‘¿Están o no están con el Gobierno y el presidente’. ‘Presidente, estamos con usted al 100%, pero no garantizamos que las bases no nos vayan a sobrepasar y si hay un bloqueo general de caminos en el Chapare por el ‘gasolinazo’ nosotros no lo podemos parar’, le respondieron”.

División interna

Las dos principales organizaciones indígenas, Conamaq y Cidob, así como otras organizaciones que reconocen al MAS como su brazo político –como los campesinos de la CSUTCB–, profundizaron su desencuentro con el Gobierno. A su vez, se acentuaba la división interna entre los sectores oficialistas y antioficialistas de estas organizaciones.

“Los actuales dirigentes están sometidos a Evo Morales”, decía Rufo Calle, ex dirigente de la CSUTCB. El aviso de la llegada, dinamita en mano, de los mineros de Oruro y Potosí y las marchas de los trabajadores fabriles, de los maestros urbanos y de las juntas vecinales terminaron de hacer inverosímil la teoría del Gobierno de que sólo era la derecha la que estaba movilizando a la población.

La cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, se vio arrastrada por las bases desde posiciones oficialistas a un tímido rechazo al Gobierno. El líder del sindicato, Pedro Montes, pasó de ser atacado en la calle por no criticar el ‘gasolinazo’ a convocar en marzo una huelga general por el aumento del costo de la vida.

Ante la negativa del Gobierno a negociar, el 8 de abril los sindicatos afiliados a la COB, llegados de diversos rincones del país, colapsaban La Paz en una nueva convocatoria de huelga indefinida, entre ataques a los edificios oficiales, cargas policiales, botes de gas y balas de goma. “Ya no podía contener más a las bases”, reconoció el líder de la COB tras la convocatoria de la huelga. Según Soliz Rada, “Montes es muy amigo de Evo, pero ¿de qué le sirve un amigo fuera de la COB? Sería como un cura que dejó la religión”. El efecto del ‘gasolinazo’ también afectó a la Fejuve-El Alto, que ha convocado marchas contra el alza del costo de la vida para marcar distancia con el Gobierno.

Para muchos el ‘gasolinazo’ ha tenido la virtud de dejar a la vista algunos de los principales problemas del proceso. “En las organizaciones existe un control de una cúpula de dirigentes nacionales y un poco más abajo que manejan todo”, explica Julieta Paredes, de la Asamblea Feminista y una de las fundadoras de Mujeres Creando. “Van del Ministerio al Viceministerio, luego son dirigentes nacionales, luego son dirigentes departamentales, o pasan a ser ministros… Se ha relegado la consulta a la base y se ha impuesto el manejo prebendal”.

Para Pablo Mamani, sociólogo aymara, director de la revista Willca y residente en El Alto, la situación que se ha creado es más compleja. Imaginemos que hay un adentro y un afuera del poder. Adentro está el Estado, el Gobierno, las instituciones, “que siempre han mantenido un discurso anticampesino, antiindígena”… Afuera están los movimientos sociales, las comunidades…

“La novedad es que el movimiento cocalero, CSUTCB, Bartolina Sisa y otros entran [en 2006], rompen el caparazón colonial del Estado para meterse adentro de la lógica del Estado para, a partir de ese momento, posicionarse, tratar de reformarlo desde adentro, cosa que han conseguido en cierto modo, pero que no han conseguido en su gran mayoría”, explica Mamani. “El ‘gasolinazo’ hizo que los que estaban adentro”, argumenta, “tengan que salir para afuera, retroceder, entender, acercarse a la gente para no terminar botados [echados]. La fuerza de afuera es tan fuerte que hace tener miedo al Gobierno de Evo Morales y entonces anula el decreto”.

Movilizaciones históricas

Las protestas del ‘gasolinazo’ se han ganado un puesto junto a las movilizaciones históricas que consiguieron cambiar el panorama político boliviano en los últimos diez años: la retirada de la multinacional del agua Bechtel de Cochabamba en el año 2000, la renuncia de Sánchez de Lozada en 2003, la dimisión de Carlos Mesa en 2005 o las movilizaciones populares que hicieron retroceder a la derecha golpista en 2008.

Las movilizaciones de diciembre y de los cuatro primeros meses del año parecen recordar que el “proceso de cambio”, convertido casi en una marca y eslogan del partido en el poder, no tiene como única y necesaria expresión a Evo Morales y a su Gobierno.

“Evo Morales tendría que tomar sus propias palabras, creérselas cuando dice que él no es el proceso, que el proceso es el pueblo”, dice a DIAGONAL Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras con el MAS. “Eso no solamente debe ser así, sino que actualmente es así. En la medida en que los actos del Gobierno se distancien de los objetivos del proceso, como ya está ocurriendo, esto va a quedar más patente en un escenario de conflicto. El Gobierno ya se ha enfrentado a los indígenas de tierras bajas, a los pobladores de Caranavi, a todos los sectores populares de Potosí, a los maestros y esto va a acentuarse porque con mayor o menor conciencia y lucidez discursiva la gente se va a plantear rescatar el proceso del propio Gobierno, rescatarlo del extravío gubernamental, y se va a plantear la hipótesis de continuar el proceso no sólo sin Evo Morales, sino contra Evo Morales.

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20 DÍAS DE PARO EN POTOSÍ

A finales de julio de 2010 estallaba un conflicto en Potosí, la región más pobre de Bolivia y hasta hace poco otro de los bastiones del MAS. Los motivos: una disputa con el vecino departamento de Oruro por una zona rica en piedra caliza –materia prima para la fabricación de cemento– y otros temas relacionados con el desarrollo económico de la región.

Casi 20 días de paros, huelgas de hambre y cortes de carreteras liderados por ‘comunarios’ de la localidad de Coroma y el Comité Cívico de Potosí, con un amplio apoyo social, no bastaron para que el Gobierno les quitara la etiqueta de “derechistas”. Frente al paro cívico potosino, “ocasionado por el abandono y la pobreza en la que este departamento está sumido”, según el director del Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL), Juan Carlos Balderas, “el Gobierno, nuevamente hizo gala de una extrema soberbia al negarse a dialogar con los huelguistas y dejó que la medida potosina se convirtiera en una demanda nacional”.

LAS BASES DE LA COB Y LA PRIMERA HUELGA

En mayo de 2010, los reclamos por el incremento del costo de la vida y por un aumento salarial, acorde con el alza de los precios, se unieron en la convocatoria de la primera huelga general contra el Gobierno del MAS. Pero antes hubo que convencer a la oficialista Central Obrera Boliviana. Frente al anuncio de un aumento salarial del 5%, la cúpula de la COB, liderada por Pedro Montes, guardó silencio.

Pero el 27 de abril, 14 dirigentes fabriles se lanzaron a una huelga de hambre para exigir al Gobierno un aumento del 12%. A esta medida de presión se sumaron en los siguientes días decenas de sindicalistas. Dos días después, una movilización de fabriles en La Paz pedía la renuncia de la ministra de Trabajo y acusaba a Montes de “traidor”. Ese día, en una reunión ampliada de la COB, la central mayoritaria aceptó convocar un paro nacional el 4 de mayo por la presión de sus bases. Tras la negativa del Gobierno, la COB llamó a la huelga indefinida a partir del 10 de mayo. Por primera vez en cinco años, Morales no participó en el 1º de Mayo.

¿GOBIERNO INDÍGENA?

El 23 de junio de 2010, partió de Trinidad (Beni) una marcha liderada por Cidob, la confederación indígena de las tierras bajas. Entre descalificaciones del Gobierno, las organizaciones pedían el derecho de consulta sobre la explotación de recursos naturales en sus territorios, una figura reconocida en la Constitución y que no ha sido implementada, según denuncia el Cidob. La marcha del Cidob coincidió con la declaración del estado de alerta en la otra gran organización indígena, la Conamaq, por la asignación de escaños indígenas en la Ley Transitoria Electoral.

Conamaq y Cidob pedían entre 12 y 17 escaños para la representación de los pueblos indígenas, pero el Parlamento rechazó la propuesta. Después de una dura negociación con la derecha, huelga de hambre de Evo Morales de por medio, los escaños indígenas se quedaron solamente en siete.

ENTRE LA PACHAMA Y LA MINERÍA A CIELO ABIERTO

“La consulta previa está en la Constitución, pero en la ley dice que no tiene carácter vinculante, es decir, que no tiene carácter obligatorio para la autoridad del Estado. Entonces, ¿para qué sirve esa ley? Es otra de las grandes contradicciones de este proceso”, sentencia Pablo Mamani.

Para la socióloga Silvia Rivera, autora del libro Oprimidos pero no vencidos, “hay todo un discurso muy bonito de la pachamama y sin embargo están haciendo unas hidroeléctricas inmensas, unas represas que van a inundar tierras indígenas, una cantidad de infraestructuras que demuestran que el proyecto es neodesarrollista y en ese sentido incluye el desprecio por lo indígena”, afirma Rivera.

Uno de los temas en donde existe más distancia entre los discursos y las políticas es la minería. En la gran cumbre de Cochabamba sobre Cambio Climático y Medioambiente en abril de 2010, el Conamaq propuso una mesa para discutir el tema de la contaminación minera. “El Gobierno se negó absolutamente a poner ese tema diciendo que ese no era un tema universal sino local. Mejor dicho, ¿dónde no contamina la minería?”, dice Silvia Rivera.

En San Cristóbal, en el departamento de Potosí, sí lo hace. El 16 de abril de 2010, unos 900 pobladores de tres provincias del departamento de Potosí tomaron y quemaron las oficinas de la mayor mina de Bolivia, gestionada por la japonesa Sumitono. Los comunarios exigían, entre otras demandas, que la mina pagara por el uso diario de 50.000 metros cúbicos de agua. Una cantidad que amenaza seriamente los cultivos y el suministro de agua en una zona desértica.

La reposición de las aguas fósiles, depositadas hace diez mil años, tardaría seis décadas, desde que cese el bombeo, según cálculos del especialista Jorge Molina. A estos efectos, cabe añadir la contaminación en las aguas con aluminio, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, níquel antimonio y zinc.

Ante la movilización, la reacción del Gobierno fue convocar a los campesinos a replegarse y aceptar el diálogo ya que estaban “en juego varios intereses locales y regionales”, en palabras del vicepresidente Álvaro García Linera. La exportación de minerales, iniciada en 2007, genera para Sumitono unos beneficios de mil millones de dólares anuales. El Estado boliviano apenas se queda un 3,5% del total.


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Fidelia Aypallán ya no tiene patrón

Fidelia Aypallán, una mujer mapuche de 57 años, lleva casi diez años viviendo en una parcela recuperada a las afueras de El Bolsón (Río Negro). No sólo impidió que se construyera un campo de golf en terrenos municipales, sino que consiguió su principal sueño: vivir de la tierra, sin dueños ni patrones.

Martín Cúneo y Emma Gascó / El Bolsón
(Publicado en Azkintuwe.org)

Fidelia Aypallán consiguió frenar un campo de golf en terrenos municipales / ILUSTRACIÓN: EMMA GASCÓ

Después de la crisis económica de 2001, la vida de Fidelia Aypallán no volvió a ser la misma. Como la de tantas personas en Argentina. Después de siete años de buscar una parcela de tierra donde poder cultivar y vivir “una vida digna”, en septiembre de 2002 decidió ocupar el terreno de una escuela abandonada, unas tierras municipales cercanas a El Bolsón (Río Negro), entre ríos y montañas.

A pesar de que las tierras eran públicas, en el predio y en los alrededores se estaba empezando a levantar un campo de golf privado. Tras enfrentarse a todos los poderes locales, no sólo consiguió cambiar el rumbo de su vida. “Si yo no me hubiera puesto firme, hoy habría en ese lugar una cancha de golf. Hubo profesores que estuvieron metidos en ese proyecto. Tienen que estar agradecidos, ahora la escuela ha vuelto a funcionar”.

Fidelia Aypallán nació en Lago Rosario (Chubut), en plena Patagonia argentina. Su madre falleció cuando tenía seis años y su padre simplemente “no estaba”, relata mientras ceba un mate. Vivía con sus tíos en una chacra. Cuando tenía diez años cayó gravemente enferma.

“Estuve en Trevelín [cerca de Esquel, Chubut] internada como un año. Lo único que me acuerdo es que mis abuelos me llevaron al hospital y después no me quisieron reconocer. A mi hermano, que era invidente, le pasó lo mismo. Estábamos solos. Nuestros tíos también nos abandonaron. Lo único que recuerdo son tubos para acá, tubos para allá, suero por acá, cable por acá, para allá, miraba para arriba y veía algo blanco, nada más… No sé qué tenía. Yo agradezco que ahora ando y que estoy acá”.

En el hospital una dentista se hizo cargo de ella y la llevó a su casa. “Terminé trabajando para ella como empleada, limpiando en la casa, y cada tanto me hacían un control en el hospital. Al final, ya recordaba todo y el médico dijo que estaba dispuesta a manejarme sola. En esos años viaje mucho acá a El Bolsón, me tomaba el colectivo a las 8 de la mañana, los fines de semana, y volvía a la tarde. Iba a un lugar y me quedaba sentada”.

Pero las cosas no tardaron en volver a torcerse. “Lo que pasaba era que la dentista se dedicaba a tomar mucho alcohol. Y cuando se ponía así me controlaba todo, no podía tener amigas, nada, sólo estar pendiente de ella. Al final decidí ir a trabajar sola. Había una familia que necesitaba una persona y me quedé, cama adentro. Entonces tenía 19 años. Con esa edad me quedé embarazada”.

Poco después Fidelia compró un terreno, pero no le servía para cultivar, no podía tener gallinas ni huerta, como ella quería. “Yo siempre quise una tierra más grande, porque sabía que podría tener animales y no depender de que me den una bolsa de comida. Eso lo rechacé toda mi vida. Me quisieron ayudar desde el Estado, pero con una bolsa de comida podrida. Eso para mí no es comida, es comida chatarra”.

Fidelia había aprendido en el campo de sus tíos que todo lo necesario para vivir se podía obtener de la tierra. “Eso lo tuve siempre, toda la vida lo tuve. Cuando mis hijos eran chiquititos, no podía hacer mucho, me tenía que conformar con el trabajo que tenía. Entonces trabajé en la casa de unos médicos durante ocho años. Ahí aprendí a andar en bicicleta. Tenía que salir a las seis de la mañana para llegar a tiempo. Y me tenía que levantar a las cinco de la mañana para atender a mis hijos. Después de dejar la casa de los médicos trabajé en una chacra unos diez años. Ahí aprendí a manejar el tractor”.

En busca de la tierra

Durante siete años recorrió todas las instancias existentes para conseguir un terreno para cultivar. Cultivó frutillas en una tierra prestada, pero al vencerse el contrato volvió a estar como antes. Consiguió una cesión de un terreno que pertenecía a Gendarmería, pero allí no pudo prosperar por la falta de agua. Consiguió otro terreno en Gendarmería, pero en cuanto cambió la persona que medió en el acuerdo Fidelia volvió a quedarse sin tierra.

Por un tiempo pudo cultivar un terreno cerca de la escuela que luego ocuparía. “¡Qué lástima que esa escuela está abandonada!”, decía Fidelia cuando alguien la recogía para ir al pueblo, a unos siete kilómetros de distancia. “El lugar se estaba transformando en una cancha de golf. Ya estaba todo pelado, allá donde ahora tengo pastura cortaron todos los árboles… cuando venía por esta zona a cuidar mis verduras yo veía a la gente que quemaba y cortaba. Llegó un momento en que empecé a preguntar por esa tierra. Me enfrenté con el municipio y con todos”. En su interminable periplo en busca de una tierra propia llegó a escribirle al presidente Fernando de la Rúa y pedir permiso al Ministerio de Educación para ocupar la escuela abandonada.

“Me dijeron que no, seguí insistiendo, seguí recorriendo, viendo lugares, y un día de cansancio ya, agotada, cansancio porque todo lo que hacía no me alcanzaba, decidí que tenía que hacer algo. Llegó un momento en que terminé lavando manteles por 25 centavos, terminaba de hilar a las cuatro de la tarde, desde la cuatro de la mañana, para poder comprar por lo menos un kilo de harina, lo único que comíamos. Seguí insistiendo en la municipalidad y pidiendo este lugar y el otro… Hasta que un día llegó un papel que decía que la escuela estaba libre de ocupación, que quería decir que no había gente. Nos juntamos con unos vecinos, cuatro familias en total. Yo tenía esos papeles, pero el mismo intendente estaba dando muchas vueltas. Yo tenía un hijo que trabajaba en el municipio con unos planes Trabajar y un día llega y me dice: ‘Estoy recagado de hambre’. ‘Hoy no hay comida’, tuve que decirle. Ese día lloré toda la noche, escuche a mis hijos, los abracé… Por eso yo siempre le digo a la gente que nunca vieron mi realidad. Siempre estuve protestando, siempre estuve saliendo adelante, con hambre o sin hambre. Por eso estoy hoy aquí ahora. Si no hubiera pasado esa crisis social, capaz que las cosas hubieran sido distintas. Uno recibía la bolsa y comía, pero si veía la bolsa podrida yo no lo podía permitir. Sobre todo si todavía tenía las manos fuertes”.

Fidelia Aypallán mantuvo la última reunión con el municipio para conseguir el terreno por la vía legal. “Entonces aparece un secretario, una persona que le deja al intendente un papel que los golfistas le mandaban y el intendente enojado dice: ‘Ves, Fidelia, que a mí me van a hacer un juicio por esa tierra’. ‘Bueno ¿y a mí qué?’, le dije. Agarré y me levanté, me reuní con las cuatro familias y les dije que el quiera que me acompañe. ‘¿Pero qué vas a hacer?’, me preguntaron. ‘Voy a ir a tomar ese lugar porque yo no aguanto más’. Armamos un plano de cómo íbamos a entrar, organizamos la comida, la gente que ayudó a traer ollas, comida, gas, todo”.

Fidelia en la casa que se construyó con la ayuda de uno de sus hijos

La recuperación

Entraron a las 10 de la mañana. Era el 25 de septiembre de 2002. Cuando abrieron la tranquera, una camioneta contratada dejó todas las cosas que necesitarían en los primeros días. “La camioneta vino cargadita, traía los palos del hibernáculo, las carpas, la comida… porque después no íbamos a poder salir ni entrar”.

Con los periódicos y radios locales, los “golfistas” no tardaron en llegar. “Se juntaron conmigo y yo les pregunté si habían pagado la tierra y ellos dijeron que no. Esas tierras siempre fueron del Consejo, el tema es que hicieron negocio por debajo de la mesa. En los primeros días cuatro policías custodiaban el equipo que los golfistas tenían dentro: las banderas, las pelotas, los cañitos… todo estaba marcado con cintas rojas y blancas, hasta los agujeros ya estaban señalados…”.

Los trámites judiciales para desalojarla se iniciaron ese mismo día. “A la tarde me vino la orden judicial para mí y para mi hijo, el que estaba en el municipio, cuando él no tenía nada que ver, porque no le había dicho nada de lo que iba a hacer. Él estaba trabajando en el municipio y se encuentra que su mamá había hecho esto. Pero el juicio terminó bien, el juez dijo que no había cometido delito. Ahora tengo que estar durante diez años para poder tener un título. No me desalojaron entonces y menos me van a desalojar ahora”.

Tras la toma, permanecieron 18 días en tiendas de campaña. “Un día que llovía, ya no quedaba leña y los toldos se habían empapado” decidieron entrar en una cabaña situada en la parte trasera de la escuela. En la cabaña Fidelia permaneció más de cinco años, cultivando la tierra y criando animales, hasta que la escuela volvió a abrirse. En ese momento, le cedieron una franja de dos hectáreas, de unos 40 metros de ancho, a un costado de la escuela.

De las cuatro familias del principio sólo quedó Fidelia. “El intendente les ofreció hacerles cabañas, pero como no se las hacían y pasaban los meses, se aburrieron y se fueron. Siempre discutí mucho con estas familias, comíamos en la mesa, sembrábamos, pero siempre estaban pendientes de que el intendente le haga la cabaña. Yo les decía: ‘Por favor, no dependan, ya tenemos la tierra, manejémonos solos, con la ayuda de la gente, generemos, hagamos cosas’, pero nada, se fueron, más cuando entramos en juicio”. Desde entonces, otras tres familias han entrado en la parte trasera del terreno, en tierras donde se hubiera levantado el campo de golf.

Ahora Fidelia vive con su hija y su nieto en una cabaña de ladrillos construida con la ayuda de uno de sus hijos. En la huerta cultiva lechuga, acelga, zanahoria, remolacha y frutillas; y en la parte delantera siembra avena para alimentar a sus animales. Cobra una pensión de unos mil pesos, aunque con esa pensión no come ella, tal como le gusta decir, sino que comen sus “bichos”. Aunque después le devuelven el dinero invertido:

“Es una cadena, a veces cobro y traigo seis o siete bolsas de alimentos, para pagar una sola vez la camioneta. Y después cuando hay chanchitos vendo o hago trueque… Tengo dos chanchas y ocho chanchitos y una vaca… Tengo gallinas y los viernes bajo con huevos y vendo cuatro o cinco docenas”. Para redondear el presupuesto hace ovillos con la lana que esquilma de sus ovejas y vende empanadas en la feria de artesanía del pueblo. Una vida dura, sobre todo cuando tiene que subir desde el pueblo las garrafas de agua o cuando tiene que realizar muchas veces sola los trabajos del campo.

Pero no duda ni un instante en decir que ha merecido la pena. “De una parte recuperé mi vida, mi salud, estar con la naturaleza siempre, tener la naturaleza delante de tus ojos. Vas para allá y ves bosque, el aroma, el verde, los animales… Te cansas, haciendo cosas, acá y allá, pero lo más importante es que a mí nadie me viene a decir a tal hora tenés que comer, a tal hora tenés que levantarte, mientras yo cumpla con mi misión, no tengo horarios, no me manejan, no tengo patrón”.

Con la vuelta a la tierra también Fidelia y su familia comenzaron a recuperar parte de sus tradiciones ancestrales mapuches, perdidas ante la imposibilidad de realizar ciertos ritos en la ciudad. Y no sólo la costumbre, sino también la conciencia y la identidad de pertenecer a un pueblo postergado. “Somos vendidos acá y allá, no les importa si en un terreno hay gente, te venden igual, con gente y todo. Ahora por lo menos a las comunidades las reconocen más rápido; a otras, como con mi propia familia, tardan mucho… Una se tiene que sentir orgullosa de ser mapuche. Un día cuando me querían dar una caja de comida, que venía podrida, con la yerba mala, les digo: ‘No, yo prefiero no recibirla más’, y el señor me dice: ‘¡Pobre, india y encima… delicada!’. Y nunca más la fui a buscar. Y bueno, los indios somos así, pero sabemos lo que queremos comer”.

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Vecinos consiguen frenar proyectos de megaminería

En las principales provincias mineras los vecinos se organizan para frenar la minería a cielo abierto, una actividad altamente contaminante. En localidades como Esquel, Loncopué, Chilecito o Tinogasta han logrado frenar estas actividades.

Emma Gascó (Redacción)

Imagínate que un conocido te enseña el mapa de tu pueblo dividido en cuadrados. Y que cada uno de esos cuadrados ya está adjudicado para la explotación de minerales. ¿Qué harías? “Yo mañana paro la minera”, dijo Aldo Flores y el día 14 de diciembre de 2009 inició junto con el abogado Sergio Ramírez un corte de ruta a la empresa Yamana Gold para salvar Andalgalá, un pueblo de 20.000 habitantes en la provincia de Catamarca. Los vecinos no tardaron en sumarse masivamente al corte y así crearon la Asamblea del Algarrobo. Hasta ahora han conseguido frenar las acciones de la minera, que estaba a punto de empezar a explotar Agua Rica, una mina de oro, plata y cobre a 17 kilómetros de la ciudad, que consumiría 300 millones de litros de agua al día, mientras que Andalgalá sufre cortes en el servicio todos los veranos. “La explotación de Agua Rica dejaría el pueblo sin agua y nos obligaría a irnos. Entonces la empresa podría explotar sin problemas los minerales que hay debajo del pueblo”, comenta Ruth Vega, activista de la Asamblea.

Allá donde se inicia un proyecto de megaminería, las empresas se encuentran con reacciones similares por parte de los habitantes de las localidades afectadas, organizados en asambleas de vecinos y coordinados a nivel nacional en la Unión de Asambleas Ciudadanas.En 2003, la población de Esquel (Chubut) fue la primera en impedir la explotación de un proyecto de megaminería. Después de que los vecinos arrancaran al municipio la celebración de un plebiscito, donde ganó el “No a la Mina” por un 81%, la canadiense Meridian Gold suspendió el proyecto.

“Tuvimos que aprender. Muchos teníamos la imagen de la minería con el casquito y el pico”, cuenta el periodista Pablo Quintana. La victoria del “No a la Mina” en Esquel marcó un antes y un después. Ese mismo año la provincia de Chubut aprobó la Ley 5001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto con uso de cianuro. En 2005 la provincia de Río Negro tomó una resolución similar. Unos años más tarde lo harán Tucumán, La Rioja y Mendoza. Para las otras asambleas supuso un espaldarazo y un aprendizaje. Pero también aprendieron las mineras y los gobiernos: nunca más se volvió a convocar un referéndum. Un reciente estudio de la consultora Aresco realizado en las principales provincias mineras evidencia la oposición de siete de cada diez personas a los emprendimientos mineros a cielo abierto.

El precedente de la Alumbrera Andalgalá ya conocía desde 1997 el significado de la megaminería. La mina Bajo la Alumbrera, situada a 50 kilómetros de Andalgalá, es la viva demostración de “las mentiras” que utilizan las mineras para vender sus proyectos, comenta Vega. Con un hueco en la montaña de dos kilómetros de diámetro por 600 metros de profundidad, este megaproyecto (el primero en Argentina) apenas da trabajo a unas 60 personas del pueblo y utiliza 100 millones de litros de agua por día, detalla Roberto Cecenarro, ex concejal y economista. El proyecto de la mina Agua Rica usaría tres veces esa cantidad. “El agua está en el centro del conflicto. Sin agua el pueblo muere. Además, la escasez y la contaminación derivadas hacen que la minería desplace a otras actividades económicas, como la agropecuaria o el turismo”, recalca Sergio Ramírez, del Algarrobo.

Como consecuencia de la contaminación provocada por las voladuras, el drenaje ácido y la lixiviación, se disparan las enfermedades. Según explica Julio Ramos, cardiólogo, “aparecen procesos bronquíticos asmáticos, irritaciones pulmonares crónicas, distintos tipos de cáncer, malformaciones y alergias”. Para Adriana Milán, médica y activista de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (Neuquén), “es una cuestión de salud pública”.

En Loncopué ya han echado no una, sino dos veces a una empresa minera. La primera vez, en 2007, se trataba de una empresa canadiense que quería extraer oro. “En seguida se formaron asambleas de vecinos autoconvocados y al poco de empezar la movilización, la empresa se retiró porque sus acciones empezaban a bajar por la protesta”, relata Adriana Milán.

La segunda vez ya estaban advertidos, y coordinados. Se trataba de una empresa de capital chino que había comprado la mina sin atenerse a la legalidad vigente, aprovechando el nicho de mercado neuquino para la minería y la corrupción. Los vecinos trabajaron en dos vías: la legal y la calle. Cuando por fin una jueza determinó en septiembre de 2009 que se parara toda actividad minera hasta que se esclareciera la legalidad de la compra, Loncopué estalló de alegría. “Fue como si Argentina hubiera ganado el Mundial de fútbol”, recuerda Milán. Una vez ganada la batalla, se acercaron partidos políticos a la asamblea, “para cooptar la lucha”, afirma Milán. “Pero el proceso asambleario que hemos vivido es reacio a lo partidario, bebe de las movilizaciones de 2001”. En ese sentido, las asambleas se reafirman en su legitimidad, frente a la legalidad.

La legalidad del saqueo

Desde 1994, en época del presidente Carlos Saúl Menem, la legislación minera creó un paraíso para la inversión, hasta el punto de que el propio Estado tiene prohibido explotar por sí sólo cualquier yacimiento. Las grandes empresas extranjeras, por el contrario, gozan de beneficios fiscales y sólo pagan un 3% en concepto de impuestos. A esto se le añade un beneficio por exportar desde los puertos argentinos, que oscila entre el 5% y el 10%. “Al final el Gobierno les termina pagando por saquear y contaminar el país”, resume Cecenarro. Además, esas tasas se calculan sobre la declaración jurada de lo que extraen realizada por las mismas empresas mineras, sin ningún control. El fiscal Antonio Gómez estimó que la mina Bajo la Alumbrera estaría evadiendo entre ocho y diez mil millones de dólares al año, en base a las muestras tomadas tras un derrame en un mineraloducto.

El kirchnerismo no sólo significó la continuidad de este modelo, sino su profundización. Además de una íntima relación entre altos funcionarios y las mineras, la presidenta Cristina Kirchner vetó en 2008 la ley de protección de glaciares, que prohibía la utilización de agua de alta montaña para usos mineros. En septiembre de 2010, la ley de protección de glaciares volvía a aprobarse en el Congreso y no hubo veto. Pero el gobernador kirchnerista de San Juan, José Luis Gioja, declaró que no aplicaría la ley en su provincia en virtud de una cláusula constitucional, incluida con apoyo de Néstor Kirchner en la reforma constitucional de 1994, que regionaliza el subsuelo y deja a las provincias la negociación con las empresas multinacionales. “Te vienen multinacionales que manejan capitales que te triplican el presupuesto total de una provincia. ¿Qué poder puede tener una provincia frente a eso?”, pregunta Quintana.

Las asambleas de autoconvocados, o vecinos por la vida, como también se han denominado, son el único obstáculo. “Fue una guerra muy dura. No hubo muertos, pero sí gente amenazada, golpeada y censurada. Tuvimos un triunfo muy importante, pero la persecución política que sufrimos es devastadora”, declara Gustavo Macayo, abogado esquelense. En febrero de 2010, los vecinos de Andalgalá sufrieron una gran represión cuando intentaron detener el ingreso de las máquinas a la mina. Hubo tantas familias golpeadas que esa noche Andalgalá reaccionó con un auténtico alzamiento, se incendió la municipalidad, apedrearon la oficina de Agua Rica y los negocios promineros. Al día siguiente, un juez de Minas dictaminó que se parara la actividad minera hasta que “se restableciera la paz social”.

Los vecinos coinciden en afirmar que las mineras no estaban preparadas para un movimiento sin líderes, tan heterogéneo y compacto. “A ellos les rompía los esquemas el que no hubiera un líder que poder cooptar. Llegaban y preguntaban ‘¿acá quién es el líder?’. No, mirá, acá no hay”, respondía Pablo Quintana, de la Asamblea de Esquel. “No todos los cambios pasan por las instituciones”, concluye.


Minas, agua y cianuro

La minería a cielo abierto requiere de una gran cantidad de agua y es altamente contaminante. Marta Sahores, química de la Universidad de la Patagonia, explica que “se usa el mismo proceso que con el café: la lixiviación. Para hacer café necesitas molerlo y echarle agua para extraer su jugo. En la montaña es igual, con dinamita haces polvo la roca y le añades agua con cianuro para extraer el oro”. La minera iba a usar seis toneladas de cianuro por día, cuando 300 mg es letal para una persona. “La noche que se ganó el plebiscito salimos 9.000 personas a festejar. ¡De un pueblo de 30.000!”, recuerda Sahores.


Chilecito y Famatina ganan a la Barrick Gold

“Triunfo a cielo abierto”, tituló una revista argentina cuando en 2007 las asambleas de las localidades de Chilecito y Famatina obligaron a Barrick Gold a retirarse del proyecto Famatina. Según explicó en unas jornadas sobre megaminería Cecilia Luján, integrante de la Asamblea de Vecinos por la Vida, fueron sus alumnos los que empezaron a impulsar el movimiento del “No a la Mina”, que se extendió hasta configurar una amplia base social en la provincia. Como ocurrió en Chubut, con la victoria del gobernador Das Neves, en La Rioja también ganó un gobernador, Beder Herrera, que se presentaba con discurso prominero y que luego parece haber cambiado de idea. Tras una reunión con Herrera, Rodolfo Gaitán, ex legislador provincial, afirmó: “La única alternativa para Chilecito y Famatina es la minería”.

A la presencia de uranio se le une el reciente descubrimiento de minerales hidrocarburíferos, al que ha seguido la firma de un acuerdo entre la provincia y Repsol YPF para su explotación. Actualmente las asambleas siguen movilizadas para impedir que otra multinacional minera, esta vez de capitales chinos, la Shandong Gold, empiece a explotar oro en otro cerro, también del cordón Famatina, pero más cercano al pueblo. “Aunque también hablamos del saqueo, la contaminación y nuestros derechos, nuestra lucha se centró en el consumo de agua”, comenta Silvia Gabriela Romano. “Ante la proximidad de la campaña electoral van a tratar de ir lento, pero apenas pasen las elecciones van a intentar concretar. Estamos dispuestos a resistir”, concluye Romano.


Tinogasta frena la extracción de uranio

“Ustedes, lamentamblemente, no van a poder pasar”, sentenció Eliana Carpio en Tinogasta tras cruzar su coche ante la incredulidad, y los seis camiones, de la minera. La asamblea de autoconvocados por la vida supo en 2007 que la empresa australiana Jackson Minerals pretendía extraer allí uranio a cielo abierto. Desde entonces hubo una dura oposición vecinal. A las consecuencias medioambientales, se sumaba la presencia de ruinas arqueológicas del “Camino del Inca”.

Los vecinos consiguieron que el intendente llevara la instalación del proyecto a consulta popular, pero el plebiscito fue invalidado por la Corte Suprema de Catamarca 48 horas antes de celebrarse. Al igual que ocurrió en los otros intentos de plebiscitos, el tribunal lo rechazó porque los municipios “no tienen injerencia en las políticas económicas provinciales”. A estas movilizaciones, se sumó una polémica por el primer ministro neozelandés John Key. En un país declarado libre de energía nuclear, a Key se le descubrieron acciones en la minera Jackson, que explotaba uranio. Tras haber contenido a la Jackson, los Autoconvocados por la vida se enfrentan en la actualidad a la empresa Cat Gold, de capitales canadienses, que pretende extraer oro y cobre a cielo abierto en Las Papas, en el norte de Tinogasta.


Connivencia entre las mineras y el kirchnerismo

El yacimiento de oro, plata y cobre que pretende explotar la empresa canadiense Barrick Gold se encuentra en la frontera entre Chile y Argentina, en la cordillera de los Andes, justo debajo de los glaciares, las reservas de agua más puras del planeta. Este proyecto se beneficia del Tratado Minero que firmaron en 1997 el presidente argentino Carlos Menem y su homónimo chileno Eduardo Frei. Desde que se presentó el proyecto en 2001, organizaciones de los dos Estados no han dejado de movilizarse en contra y denunciar la íntima relación de José Luis Gioja, gobernador kirchnerista de San Juan, la provincia argentina afectada, con la minera. Esta íntima relación tanto del Gobierno del kirchnerismo con la Barrick llevó en 2008 a la presidenta a vetar la ley de protección de glaciares. En 2010, cuando finalmente se aprobó, Gioja se apresuró a declarar que su provincia no la acataría, en base a una modificación de la ley de 1994 sobre la gestión de los recursos naturales que fue aprobada con la ayuda del ex presidente Néstor Kirchner. En la actualidad, pese al hostigamiento de personas clave en la resistencia, las asambleas siguen activas, relata la activista chilena Consuelo Infante.

“A comienzos de 2010 se inició un proceso de sanción tomando algunas irregularidades en las que había incurrido la Barrick, pero al cambiar en septiembre la institucionalidad ambiental, los procesos de sanción abiertos y no resueltos han quedado congelados”, añade Infante.

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UN ANTES Y UN DESPUÉS EN ANDALGALÁ

Aldo Flores recuerda cómo empezó el corte de ruta en Andalgalá, el 14 de diciembre de 2009: “Una noche estábamos pasando un documental que habíamos hecho con un amigo de Buenos Aires, la gente de Famatina y de Tinogasta. De ahí salió que había que hacer algo urgente: le cortamos la ruta a la minera. Llegamos al 25 de diciembre y pasamos la Navidad allá. Para la gente fue muy impactante sentir que le estaban dando un contenido a sus vidas. Ahí la gente estaba redescubriendo el significado de compartir con el otro, de lo colectivo. Una mujer trajo la virgen de Catamarca y unos chicos trajeron una bandera del Che. Y ahí están, conviviendo el uno con el otro, eso es lo que está aprendiendo la gente”. Otro día clave para Aldo Flores fue el 15 de febrero del siguiente año, cuando el pueblo, entre la represión de la policía, intentaba impedir la entrada de las máquinas de la minera. “En medio de la locura, de los heridos, había gente que me preguntaba que cómo me sentía. Y yo decía que estaba inmensamente feliz de ver que esa gente se había levantado y estaban defendiendo la vida. Aunque fuera por un momento, habían perdido el miedo. Eso ha marcado un antes y un después en nuestro pueblo. Ahí la gente se manifestó como era, después de tantos años de mentiras y de trampas y de ser subordinados, se sintieron con la libertad de hacer algo”.

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“Es muy sano para la sociedad saber que puede llegar a haber justicia”

Emma Gascó y Martín Cúneo / San Miguel de Tucumán (Argentina)

El abogado Emilio Guagnini, miembro de la organización Hijos-Tucumán, ha actuado como querellante en los juicios a Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, altos responsables de la violación de derechos humanos durante la dictadura en la zona noreste argentina.

El abogado Emilio Guagnini durante la entrevista / Foto: Emma Gascó

Tras su reciente condena a cadena perpetua en Córdoba, y como parte del tour de juicios a los que se enfrentan los represores argentinos, Jorge Rafael Videla pasará a partir del 15 de febrero por los tribunales de Tucumán. Ésta será la primera vez que el máximo dirigente de la Junta Militar sea juzgado en esta provincia, tristemente conocida por ser “la primera en albergar centros de detención clandestinos, un año antes de que se iniciara la dictadura”, según explica Emilio Guagnini, abogado e integrante de HIJOS-Tucumán. La historia del abogado viaja paralela a la de Argentina. En 1977, cuando Guagnini tenía un año y medio, fue secuestrado junto con sus padres y devuelto “en circunstancias no muy claras” a un tío abuelo militar, que lo envió con la parte más conservadora de la familia, en Tucumán. Sus padres no aparecieron. Ahora este familiar, indagado por el asesinato de los padres de Guagnini, quedó detenido por falso testimonio, sospechoso de haber colaborado en el secuestro. Pese a lo complicado de la situación familiar, el abogado afirma que “la justicia no tiene sangre ni apellidos”. Guagnini ha actuado como querellante en el juicio que se ha desarrollado en Tucumán contra el responsable de aquel ensayo previo de la dictadura, Antonio Domingo Bussi, y en la primera condena al responsable militar de todo el noroeste argentino, Luciano Benjamín Menéndez, recientemente también condenado a cadena perpetua en Córdoba.

DIAGONAL: ¿Qué han supuesto las condenas de los juicios a represores en Tucumán?
EMILIO GUAGNINI: Una victoria en muchos aspectos. Es muy sano para la sociedad saber que puede llegar a haber justicia, y es un ejemplo para toda América Latina. También, de alguna manera, han servido para que se logre reparar a los familiares y para asentar lo que realmente pasó. Acá en Tucumán, hace diez años se eligió como gobernador a Bussi, responsable de la represión en la provincia. Con los juicios se ha logrado que se tenga una visión más cercana a lo que sucedió. Ya sabemos que se trató de una política de terrorismo de Estado y que la represión empezó, al menos en Tucumán, antes del ’76. Y la imagen pública de Bussi por fin ha cambiado. Pese a esto, hay que tener en cuenta que la justicia después de 30 años es relativa porque no se va a conseguir condenar a todos los responsables, que no son sólo los militares sino también los civiles y los grupos económicos que estaban detrás. Además de la iglesia católica que, como institución, siempre tuvo conocimiento de lo que ocurría y en algunos casos hasta colaboró.

D.: ¿Cómo se desarrolló el juicio a Bussi?
E.G.: La causa se llamó Jefatura de Policía y era por 22 víctimas contra siete imputados. Cuatro eran militares, entre ellos Menéndez y Bussi, y tres eran policías provinciales, entre ellos Roberto ‘el tuerto’ Albornoz, jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC). Antes de la sentencia, Bussi aprovechó problemas de salud para ser apartado. De todas formas ya había sido condenado en 2008, por el asesinato del senador Vargas Aignasse. El veredicto fue prisión perpetua para Menéndez, Albornoz y para los policías provinciales prisión, pero por menos años. Fue una gran victoria, en particular haber conseguido prisión común y efectiva. En el juicio de Vargas Aignasse se había dicho que por su edad le correspondía prisión domiciliaria. Nosotros entendemos que por la naturaleza aberrante de los delitos tienen que estar en prisión y en cárcel común. Hay muchas personas que tienen más de 70 años, que tienen una enfermedad terminal y que no gozan del beneficio de prisión domiciliaria.

D.: En una de las causas también está como acusada Isabelita Martínez de Perón.
E.G.: La represión no empezó como por arte de magia un 24 de marzo de 1976. Ya desde los años ’60 había distintos reclamos sociales. En Tucumán se dio el tucumanazo, de 1969, con reclamos universitarios y demandas en relación a los obreros de la caña de azúcar en los ingenios. Tras la muerte de Perón, con Isabel Martínez de Perón en el poder, se empezó a reprimir a los militantes de izquierda. Ya empezó la represión en el Gobierno democrático, en el ’74 y el ’75. En Tucumán se desarrolló el Operativo Independencia, del ’75 y ’76, y surgieron los primeros centros clandestinos de detención, como el de Famaillá. Isabelita dictó los decretos que expresamente decían “aniquilar el accionar subversivo”. Ella era la responsable del Estado y las fuerzas armadas. Nosotros impulsamos las causas por el operativo Independencia y eso traerá discusiones porque tiene que ver con el peronismo. Pero es una realidad, le pese a quien le pese.

D.: ¿En qué consistió el Operativo Independencia?
E.G.: La represión se realiza en contra de la población civil con la justificación de que había grupos armados. Esos grupos armados existieron, pero eran muy reducidos en su número. Magnificaron y aprovecharon ese hecho para justificar una guerra que no era tal. Movilizaron a unos 5.000 militares contra 80 guerrilleros en el monte. Cuando termina el operativo, Acdel Vilas, que estaba a cargo, afirma que “la misión ya está cumplida”. Sin embargo, cuando se inicia la dictadura en el ’76, avanzaron más en el mismo operativo. Los detenidos eran estudiantes, obreros del sector sur de la provincia, dirigentes gremiales, docentes, militantes políticos y grupos armados. Se atacó a la sociedad y, entre todos ellos, a los grupos armados. Entrenado por la CIA, Bussi aprendió la teoría francesa sobre represión que Francia practicó en Argelia con grupos independentistas en los años ’60. Esa teoría se aplicó en Tucumán y lo mismo hicieron todas las dictaduras americanas. Es importante señalar el contexto histórico de Guerra Fría, porque si no no se entiende.

D.: ¿Cómo funcionó el circuito represivo en la provincia de Tucumán?
E.G.: Cualquier persona que era detenida iba a la jefatura de Policía. Ahí funcionaba un sector, que era un lugar de tránsito, donde se centralizaba la información. Los primeros días, clave según la doctrina francesa, torturaban salvajemente a la persona y la información obtenida era utilizada para detener a otra. Después decidían si la blanqueaban, la mandaban al sur o a la base Arsenal Miguel de Azcuénaga, que ya era un centro clandestino más grande, casi un centro clandestino de exterminio. Cuando escribían en el listado la sigla “DF”, disposición final, significaba la muerte y su desaparición. Hay muchos más supervivientes de Jefatura que de Arsenal, porque en Arsenal estaban las fosas. Es difícil hacer la estimación, pero por el Arsenal habrán pasado unas 5.000 personas. Actualmente hay unas 800 causas; hay víctimas sin causa y causas que tienen varias víctimas. Para agilizar las causas, los organismos de derechos humanos y querellantes intentamos impulsarlas con criterios de unificación por centro clandestino de detención o por periodos de tiempo. En Tucumán casi todas están por centro.

D.: ¿Y la estructura de mando?
E.G.: El Ejército, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y las Gendarmerías Provinciales actuaban de manera coordinada y conjunta. Todo el país estaba dividido en zonas. Las órdenes bajaban desde la junta militar. Tucumán dependía de la región del noroeste, cuyo centro era Córdoba, donde estaba Menéndez y él daba las órdenes a la quinta brigada de infantería, de la que Bussi era responsable. Después estaba un subjefe, también militar. Y después pasaba al jefe de Policía de la Provincia, que era una especie de interventor militar: Zimmerman, que murió antes de ser condenado en la causa Jefatura de Policía. Luego bajaba a los policías provinciales, que ponían en práctica la represión. Estas policías formaban grupos de tarea, también llamados patotas, y acá el SIC, que iban y realizaban los operativos en casas. Para que una sola persona haya sido secuestrada, retenida, torturada y su cuerpo desaparecido después de matarla no puede haber un sólo responsable. La responsabilidad por un único detenido es por lo menos de 20 personas y las responsabilidades no son las mismas.

D.: ¿Quién impulsa las causas?
E.G.: Somos pocos, cuatro o cinco abogados jóvenes. De hecho, la mayoría de las causas que hay hoy tienen su origen en los años ’80. En esa época se formó un grupo de trabajo, al que perteneció Laura Figueroa, todavía abogada querellante, que inició los primeros reclamos. Aparte, el Estado siempre está representado por el fiscal y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación puso a la secretaria como querellante. Siempre trabajamos en conjunto y articulamos estrategias, aunque en algunos puntos en particular diferimos. Nosotros impulsamos todos los delitos en el marco de genocidio, a diferencia de otras querellas o fiscalías.

D.: ¿Por qué Hijos Tucumán considera necesario hablar de genocidio?
E.G.: Nosotros sostenemos que todas las causas en donde hay delitos de lesa humanidad tienen que ser encuadradas dentro del marco del delito internacional de genocidio. Lo que se intentó hacer fue eliminar a un grupo nacional que se oponía al régimen. ¿Quiénes eran opositores políticos? En muchos casos se trataba de militantes políticos. Pero otras veces esa oposición la daban religiosos tercermundistas que fueron desaparecidos, como unas monjas francesas, estudiantes secundarios, dirigentes gremiales, docentes… El abanico de la sociedad que fue víctima del terrorismo de Estado hace que se encuadre dentro del delito de genocidio. La condena es la misma, pero tiene que ver con un posicionamiento político y jurídico. Aquí en Tucumán no se consiguió.

Originariamente el término genocidio era el intento de eliminación de un grupo nacional por causas religiosas, políticas, económicas y raciales. Por presiones principalmente de Rusia y EE UU se omitió “por causas políticas”. Para nosotros es importante hablar de genocidio, pero no debemos perder la perspectiva: lo esencial es que se condene a los represores.

D.: ¿Cuáles serán las futuras causas?
E.G.: Posiblemente Jefatura II. Vamos a juzgar a la patota, el SIC, que eran los que secuestraban a la gente. Entonces eran jóvenes y hoy tienen 60 años y pasean tranquilamente por Tucumán, son policías retirados o trabajan en seguridad privada. En aquel entonces eran los privilegiados porque sacaban un botín de guerra: saqueaban las casas, los vehículos, alguna vez se quedaron con viviendas. Esta gente se debe estar viendo acorralada. En Tucumán va a ser difícil de cara a la seguridad de los testigos y de los supervivientes, de los abogados. Pero si no hubo miedo en los ’70, hoy menos.

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Los mapuche en Argentina: la revancha de la gente de la tierra

En la última década se ha iniciado un proceso imparable de recuperación de la identidad del pueblo mapuche en Argentina y de revisión de la historia oficial. Desde 2001 cerca de 240 mil hectáreas han sido recuperadas por las comunidades mapuche, gente de la tierra, en su idioma ancestral.

Martin Cúneo / Desinformemonos.org

Tras la muerte de Néstor Kirchner en multitud de pueblos se cambió el nombre de las calles o avenidas Julio A. Roca, el general que lideró la Conquista del Desierto, por el del ex presidente. // ILUSTRACIÓN EMMA GASCÓ

El 8 de noviembre de 2010 un editorial del diario conservador La Nación alertaba sobre el peligro revisionista que planeaba sobre la historia argentina, una moda que pretendía mostrar la Campaña del Desierto de 1879 como un genocidio contra los pueblos originarios y cambiar el nombre de las calles que recuerdan a Julio A. Roca, el general que dirigió la “expedición”. No menos peligrosas resultaban para el diario de los productores agropecuarios la ola de recuperaciones de tierras por parte de comunidades mapuche que ‘asolan’ a los estancieros patagónicos.

“Están preocupados porque ven que el pueblo mapuche ahora pelea por sus derechos”, dice Lefxaru Nawel, del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI). “Ellos quieren que los mapuche sean lo que fueron 50 o 100 años atrás, cuando pasaron de ser dueños de sus tierras a ser peones del estanciero que llegó a usurparlas”.

El 23 agosto de 2002, Rosa Nahuelquir, después de perder su trabajo por la crisis, y su marido Atilio Curiñanco, decidieron recuperar una parcela en Leleque, al norte de Esquel (Chubut), que durante generaciones había pertenecido a la familia de Atilio. No sospechaban a quién tendrían que enfrentar para alcanzar su sueño: nada menos que al gigante textil y del buen rollo multicultural Benetton. Tampoco sospechaban que el conflicto con la empresa italiana se convertiría en un referente de la lucha de los pueblos originarios por la tierra y que estimularía cientos de nuevas recuperaciones.

Mucho menos imaginaban que al rastrear el origen de la supuesta propiedad de Benetton sobre esas tierras quedaría desenterrado uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia argentina. En 1896, 12 años después de que finalizara la Conquista del Desierto, el presidente argentino José Evaristo Uriburu donó 900.000 hectáreas a diez ciudadanos ingleses. Poco después, estos personajes anónimos traspasaron sus estancias a la Argentinean Southern Land Company Ltd, una “empresa fantasma creada con el único propósito de recibir la donación de esas tierras”, precisa Gustavo Macayo, el primer abogado del matrimonio mapuche. Esta donación, que violaba toda la legislación de la época, se realizó en secreto y así se mantuvo durante más de cien años. “Una de las teorías más sólidas es que esa donación fue en pago o en recompensa por las armas automáticas inglesas que se usaron en la Conquista del Desierto”, afirma Macayo.

El escándalo desencadenado y la lucha de esta familia mapuche revitalizaría un proceso de revisión de la historia argentina, que tenía que terminar cuestionando la actual distribución de la tierra, “originada precisamente con la Campaña del Desierto”, sostiene el historiador Osvaldo Bayer. Según recuerda el autor de La Patagonia Rebelde, 42 millones de hectáreas fueron entregadas a 1.800 estancieros integrantes de la Sociedad Rural, una organización que cofinanció la Campaña contra los pueblos originarios. El resultado de la misión militar fueron 14.000 indígenas muertos y alrededor de 14.600 tomados como esclavos. Para los supervivientes empezó “un largo período de indigencia”, cuenta Bayer, ocupando las peores tierras, sin armas legales para defenderse del empuje de los terratenientes. Los que terminaron viviendo en la ciudad, cerca del 60% de la población mapuche actual, tuvieron que instalarse en las periferias urbanas, en los barrios más pobres, “sin posibilidad de desarrollo o acceso a la vivienda”, perdiendo lentamente la identidad, la memoria y la cultura, según cuenta Lefxaru Nawel.

La Campaña del desierto supuso la muerte de 14.000 indígenas y la esclavitud para otros 14.600. // ILUSTRACIÓN EMMA GASCÓ

La primera sacudida

Pese a que en la región la Confederación Mapuche Neuquina llevaba trabajando desde la década de los ’70 y el Consejo Asesor Indígena desde los ’80, para Macayo el año 1992 significó un punto de inflexión: “Los pueblos indígenas toman conciencia y se dan cuenta de que no pueden retroceder más de lo que han retrocedido, y si después de 500 años siguen vivos, con posibilidades de repensar su historia y su destino, es porque han tenido una capacidad de resistencia muy grande. Ha llegado el momento en que no quieren retroceder más y quieren empezar a avanzar”.

El primer resultado de este nuevo movimiento es la reforma de la Constitución Nacional en 1994 donde “se cuelan”, según Macayo, nuevos derechos para los pueblos indígenas. Tras la reforma, la Constitución reconoce el derecho a la propiedad y posesión de la tierra que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios, reconoce la personalidad jurídica de las comunidades y la participación en la gestión de sus recursos naturales. Además de incorporar algunos de los derechos indígenas del convenio 169 de la OIT, la nueva carta magna incluye un principio que necesitó casi dos siglos de historia argentina: “La Nación reconoce la preexistencia étnica, cultural e histórica de los pueblos indígenas”.

Sin embargo, para la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) “la falta de legislación y de acciones políticas públicas de alcance nacional”, para hacer efectivos los derechos indígenas, ha provocado que estos principios “formulados con la forma de declaraciones genéricas” no se apliquen en la mayoría de los casos.

Para Gustavo Macayo la importancia de los cambios legislativos residía en la difusión de los derechos indígenas, que se podían constatar “leyendo la Constitución” y en el rango constitucional que adoptan estos derechos, algo que se convierte en una “herramienta jurídica para pelear en un juicio o en un proceso administrativo. Eso empezó a generar cambios y los conflictos empiezan a estallar”.

Parecía claro que para las organizaciones indígenas la reforma era insuficiente. En 1997, una asamblea del Consejo Asesor Indígena en Ingeniero Jacobacci da por finalizada “la etapa administrativa” al comprobar que el Estado no tenía voluntad de cumplir la ley y devolver las tierras usurpadas.

La tercera invasión

Los conflictos por la tierra se multiplicaron a partir de 2001, no sólo por un proceso de recuperación de la identidad del pueblo mapuche, sino por el incremento exponencial de las presiones económicas sobre las tierras habitadas por las comunidades. A las presiones del negocio turístico e inmobiliario, se le sumó el ingreso de compañías petroleras y mineras a los territorios mapuche, explica Daniel Otal, quien después de su paso por el CAI siguió investigando los conflictos de tierras y trabajando en medios comunitarios y redes de comunicación popular.

Esta presión sobre el territorio también se hizo carne con la llegada de una nueva hornada de estancieros: multinacionales y millonarios europeos y norteamericanos que “han encontrado en los bienes raíces un sitio seguro para tener los capitales, nichos donde con ciertos grados de corrupción necesaria se van convirtiendo en propietarios de grandes extensiones de tierra”, explica Otal. Luciano Benetton, el millonario británico Joe Lewis, el estadounidense Douglas Tomkins, el presentador argentino Marcelo Tinelli o Ted Turner, dueño de un imperio mediático, son sólo algunos nombres de estos nuevos grandes estancieros. Los conflictos con estos nuevos dueños de la tierra no tardaron en surgir.

La estrategia de ampliar las estancias con políticas de hechos consumados es uno de los principales ejes de conflicto. Entre ellos, el que enfrenta a Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco con Benetton. “Detrás de los colores unidos está esa política de apropiarse de cualquier terreno que esté cerca de la estancia. El predio de Santa Rosa Leleque es un predio fiscal, pero que la compañía en un momento lo incorporó a su estancia”, explica Macayo. A la ocupación de esta parcela por el matrimonio mapuche en 2002, le siguió dos meses después, un duro desalojo. Entonces Rosa y Atilio iniciaron un largo periplo por juicios e instituciones, cartas, entrevistas y hasta un viaje a Roma para hablar con Luciano Benetton. “A veces nos dicen que somos brutos, que no sabemos esperar… Entonces les demostramos que sí podíamos hacerlo: desde 2004 hasta 2007 esperamos una respuesta. Como no dieron ninguna decidimos volver al lugar”, recuerda Rosa.

El 14 de febrero de 2007 recuperaron una vez más el terreno. En esta ocasión el desalojo no se produjo. “La repercusión que estaba teniendo el caso influyó. Ningún juez quiso agarrar la causa hasta tres meses después de la recuperación. Muchos tenían miedo de salir mal parados en los periódicos”, dice Rosa. La denuncia por usurpación volvió a ser desestimada y hasta el día de hoy permanecen en la tierra de los antepasados de Atilio, a la espera de un nuevo juicio sobre la propiedad.

Rosa Nahuelquir recupero en 2002 junto a su marido Atilio Curiañanco una parcela de tierra usurpada por la compañía italiana Benetton al norte de Chubut. Después de ser desalojados dos meses después, volvieron al terreno en 2007. Desde entonces han conseguido resistir en el lugar.

El caso Nahuelquir-Curiñanco “generó mucha actividad, entre otras cosas actividad legislativa”, dice Macayo. En 2006 se aprobó la Ley Nacional de Emergencia Indígena, que paraliza todos los desalojos hasta que se haga un relevamiento de las ocupaciones actuales de las comunidades. Sin embargo, a cuatro años de la Ley, los desalojos contra los pueblos originarios no han cesado y el relevamiento continúa sin iniciarse en la mayoría de las provincias, señala el informe del ODHPI. En Neuquén las negociaciones e “intercambio de favores” entre las autoridades provinciales y nacionales han llevado a que el programa de relevamiento se encuentre suspendido. Según denuncia este organismo de derechos humanos, pese a la teórica suspensión de los desalojos, éstos se siguen produciendo por orden de jueces provinciales en un contexto donde “la ley no se aplica”. El asesinato de un indígena qom y un pilagá en Formosa, en el norte argentino, después de cuatro meses de corte de ruta en reclamación de sus territorios ancestrales, es un ejemplo más de la “inacción del Gobierno nacional”, señala Lefxaru Nawel.

A recuperar…

La historia de este matrimonio mapuche supuso un segundo punto de inflexión en la lucha de las comunidades por sus tierras ancestrales. “Después de nuestra recuperación muchas comunidades tomaron ese ejemplo, de que se podía luchar, de que se podía volver a la tierra, a la cultura… ”, dice Rosa.

“Muchas comunidades se dieron cuenta de que no podían esperar a que el Estado se mueva”, recuerda Macayo. “La gente se cansa de esperar una ley, una expropiación, y entonces empiezan las recuperaciones. Y cuando una recuperación tiene éxito o no es desalojada inmediatamente y se produce una resistencia también genera y alienta ocupación y resistencias en otros lugares. Si esta familia puede, si esta comunidad pudo, también nosotros podemos. Se empiezan a reagrupar y a formar comunidades y a hacer recuperaciones de lugares históricos que han sido usurpados”.

El día que se cumplían 517 años de la llega de Colón a América, un reportaje publicado en el diario Página12 detallaba las recuperaciones llevadas a cabo en la última década: el Consejo Asesor Indígena había acompañado en los últimos diez años a comunidades mapuche en la recuperación de 160.000 hectáreas, la mayoría en las cercanías de Ingeniero Jacobacci, Machinchao y El Bolsón. Por su parte, las comunidades que forman parte de la Confederación Mapuche de Neuquén habían recuperado 73.000 hectáreas, principalmente en el departamento de Aluminé.

Para Daniel Otal, los cambios que se han producido en los últimos años van más allá de las recuperaciones. “Al cuestionar el marco de la ley y no asumir el mercado inmobiliario como única forma de resolver los problemas relacionados con la tierra muchas comunidades están resolviendo una ecuación ideológica importante”, argumenta Otal. “Charlando con la gente que concreta las recuperaciones te das cuenta que esta situación produce que se revise el espíritu de la ley, que se venía asumiendo como divino. Estos gestos de determinación, de resolver los problemas por ellos mismos, los llevó a plantearse hasta la ilegitimidad de la ley. Les llevó a entender que buena parte del parque legal es una construcción de las clases dominantes desde el origen del Estado. Y este aprendizaje es intransferible y se hace palmo a palmo. Permite reconstruir una legitimidad cuestionando la ley sin sentirse delincuentes sino con todo el derecho. Éste es un pavimento ideológico de construcción social muy fuerte, que se ha afirmado en estos procesos de recuperaciones”. Para ellos la historia nunca volverá a ser la oficial.

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ALGUNOS CASOS EMBLEMÁTICOS

Quintupuray, dos crímenes y una recuperación

El 11 de enero de 1993, aparecía muerta en su casa con dos disparos Lucinda Quintupuray, de 79 años. Desde que nació llevaba viviendo en el paraje conocido como Cuesta del Ternero, 90 km al sur de Bariloche. Tras el asesinato, su hijo y heredero Victorio Quintupuray se instaló en las  tierras familiares. Meses después Victorio aparecía ahogado en el río Ternero, en una muerte catalogada como accidental.

“En ese territorio la Dirección de Tierras estaba favoreciendo a un inversor extranjero, un hotelero paraguayo con el desarrollo de un proyecto turístico con tierras ya compradas, incluso por algunos funcionario públicos, beneficiarios de la revalorización de la tierra”, relata Daniel Otal.

Después de 15 años de reclamos judiciales, el 5 de mayo de 2008 la comunidad Quintupuray, acompañada por el CAI y FM Alas, recuperó el territorio, entrando en una etapa de nuevos conflictos entre los intereses inmobiliarios, la provincia y hasta con uno de los nietos de Lucinda Quintupuray, asociado al negocio. “Todo un proceso de organización y comunicación llevó a que de momento abandonaran la idea de seguir adelante con ese proyecto”, dice Otal.

Vuelta del Río, la comunidad en pie

Vuelta del Río es una comunidad ubicada en el noroeste de la provincia de Chubut, asentada en una reserva repartida por el presidente Julio A. Roca a supervivientes de la Campaña del Desierto. Esta reserva, llamada Cushamen, la mayor en la provincia, fue constantemente atacada por terratenientes y comerciantes que obtuvieron títulos de propiedad sobre esos terrenos.

“Yo estoy trabajando en el tema desde hace 16 años, pero ellos lo sufren desde hace 30 años, cuando no tenían ni siquiera un asesoramiento, y eran directamente violentados por los estancieros”, recuerda Macayo. “No sólo los expulsaban y entraban en el territorio cuando querían sino que se llevaban los animales, como si fueran los propietarios. Y los habitantes, siendo los auténticos dueños del lugar, estaban como extranjeros en sus tierras. Ahora eso ha cambiado, los estancieros ya no pueden entrar ni continuar con los atropellos, porque la comunidad no lo permite. Ahora la comunidad es consciente de que están en su legítimo lugar, la comunidad ha crecido en identidad, se ha apropiado de su lugar, de su lugar en la historia, y eso ha cambiado completamente el equilibrio de fuerzas”.

En el año 1994 se inició una demanda de desalojo contra algunas familias de Vuelta del Río, que fue resuelta a favor de la comunidad en primera y segunda instancia. En ese período la comunidad fue reconocida jurídicamente tanto por el Estado provincial como por el nacional. “Las otras comunidades”, relata Macayo, “al ver que una comunidad logró rechazar un desalojo, al ver que los derechos indígenas fueron reconocidos en una causa, en una sentencia, por primera vez en la vida, comenzaron a movilizarse, porque hay mucha gente que vive situaciones similares o que ha sido desalojada de forma parecida. Y entonces ve que hay una posibilidad de recuperar lo perdido o de mantener lo que se tiene”.

Después de pedir durante siete años un pedazo de tierra, Fidelia Aypallán decidió recuperar el terreno de una escuela abandonada donde se planeaba la construcción de un campo de golf.

Fidelia Aypallán contra todos

El caso Benetton no fue la única recuperación inspiradora. Golpeada por la crisis económica, Fidelia Aypallán, una mujer mapuche de 57 años, se enfrentaba a todos los poderes locales y después de pedir durante siete años una parcela de tierra donde cultivar y poder vivir “una vida digna” decidía ocupar un terreno. “Me dijeron que no, seguí insistiendo, seguí recorriendo, viendo lugares, y un día de cansancio, ya agotada, porque todo lo que hacía no me alcanzaba decidí que tenía que hacer algo”, recuerda. El 25 de septiembre de 2002, Fidelia junto con cuatro familias ingresó al terreno de una escuela abandonada cercana a El Bolsón (Río Negro), perteneciente al municipio, donde se había empezado a construir un campo de golf. Entró para quedarse. “De una parte recuperé mi vida, mi salud, partes de nuestra cultura, estar con la naturaleza siempre. Te cansas, haciendo cosas, acá y allá, pero lo más importante es que a mí nadie me viene a decir a tal hora tenés que comer, a tal hora tenés que levantarte, no tengo horarios, no me manejan, no tengo patrón”.

Ñorquinco, una sentencia histórica

En agosto de 2004, el juez de Bariloche Emilio Riat dictaba una sentencia inédita en el país: pese a que la familia Sede tenía unos títulos de propiedad obtenidos durante la gestión del gobernador de Río Negro Horacio Masaccessi en los ‘90, el juez reconoció que la posesión de la familia mapuche encabezada por Ernesto Napal y Herminia Vila era anterior a los títulos de los estancieros, incluso “anterior a la formación misma del Estado que los confirió”. El juez Riat señaló que la propia Constitución Nacional admite desde 1994 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan.

 

El viejo truco de la forestación

El 12 de noviembre de 2010 la comunidad mapuche Las Huaytecas recuperó un terreno de 300 hectáreas, situado entre Bariloche y El Bolsón. Su propietario legal, el abogado José Luis Martínez Pérez, está sujeto a una investigación penal por supuestos beneficios en el traspaso irregular y a precios irrisorios de tierras fiscales a manos privadas, algo prohibido en la legislación. Este territorio había sido ocupado 12 años antes por EMFORSA, una empresa forestal de capitales públicos y privados. Según relata Daniel Otal, experto en conflictos de tierras en Río Negro, los programas de promoción forestal subsidiados por el Banco Mundial o el BID han sido frecuentemente también un “truco administrativo” para traspasar tierras fiscales a capitales privados, muchas veces con familias mapuche dentro. “La empresa con sus ingenieros forestales pedía una determinada cantidad de territorio fiscal, forestaba y después de tener la forestación hecha y de haber cobrado el subsidio tenía la posibilidad de legalizar sus mejoras y pedir la propiedad de la tierra. Todo esto con la gente dentro y sin saberlo”.

Una de las primeras

El 18 de diciembre de 2000 la comunidad Casiano-Epugmer recuperó 9.000 hectáreas en Quetrequile, en la provincia de Río Negro. La familia sirio-libanesa Abi Saad, usurpadora de las tierras, había sido denunciada por acaparar territorios indígenas en varios puntos de la región. Después de siete años de litigio, en 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la comunidad mapuche Casiano-Epugmer, ordenando a la justicia rionegrina que reconozca de forma definitiva el territorio tradicional de la comunidad.

Recuperación en el paraíso

En los alrededores de Bariloche, en uno de los lugares más codiciados por el mercado inmobiliario, a escasos siete kilómetros de uno de los hoteles más lujosos del país, el Llao Llao, ha vuelto a ondear una bandera mapuche. Se trata de la recuperación de la comunidad Tacul Cheuque. Ismael Tacul llegó a la zona en 1889, donde se casó con Jesusa Cheuque. La ley del momento les concedió 625 hectáreas en la península de Llao Llao, y allí están sepultados sus restos, así como los de muchos familiares. Con la creación del Parque Nacional en 1930 empiezan los problemas. Y los desalojos. María Fresia Tacul, de 80 años, vivió en ese terreno hasta que fueron expulsados. Ahora ha vuelto junto con la comunidad mapuche Takul-Cheuque, compuesta por seis familias. Con una precaria casa de madera vuelven a ocupar el terreno que siempre les perteneció.

Cuando un título de propiedad puede ser una trampa

El Diario de Madryn informaba recientemente que más de 289.000 hectáreas pertenecientes a 17 comunidades de la provincia de Chubut obtuvieron sus títulos de propiedad tras un estudio del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural. Aunque algunas comunidades han recibido títulos de propiedad comunitarios, gran parte de las comunidades poseen títulos individuales. Daniel Otal señala que ésta es otra de las tácticas del mercado inmobiliario para transferir terrenos públicos a manos privadas. Dar el título de propiedad “es el paso obligado para convertir una tierra fiscal en una propiedad privada. En Río Negro, la Dirección de Tierras no puede dar el título de propiedad a alguien nuevo, se lo tiene que dar en todo caso a quien vivía allí. Consiguen el comprador y hacen el negocio hasta el momento previo”. Luego, “con presiones, con amenazas, con un proceso extorsivo en el que ponen al poblador en el lugar de que si no se va está eligiendo que su familia lo siga pasando mal”, consiguen que venda, traspasando las tierras recién tituladas al negocio inmobiliario, en la mayoría de los casos a precios bajísimos.

De hotel lujoso a Universidad Intercultural

En 2009 comunidades mapuche de Aluminé (Neuquén) ocuparon una franja de tierra de la concesión del empresario italiano Doménico Panciotto, en la costa del lago Pulmarí. Los mapuches argumentan que esas tierras les pertenecen ancestralmente y aseguraron que planean instalar una Universidad Intercultural en un lujoso hotel. Los integrantes de esta recuperación señalaban que “este resguardo es fundamental para la concreción de nuestra Universidad Intercultural, a construir con las organizaciones sociales y de derechos humanos, conscientes de la necesidad de generar un mundo mejor para todos”. Al mismo tiempo, las comunidades exigieron al gobierno provincial que se siente “a dialogar con las autoridades mapuche en Pulmarí para resolver los diversos conflictos territoriales en la zona. La ley nacional 26.160 de relevamiento territorial para comunidades indígenas, con presupuesto propio, debe ser asumida como una herramienta para este objetivo”.

Autoconvocados y mapuches ganan a la mina

En septiembre de 2009, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de la localidad de Loncopué (Neuquén) y la comunidad mapuche Mellao Morales consiguieron frenar la explotación de la compañía china Emprendimientos Mineros SA proyectada en el cerro Campana Mahuida, a 15 km del pueblo y muy cercana del poblado mapuche. Después de una masiva movilización en la ciudad y en la comunidad, el 28 de septiembre de 2009 una jueza paralizó el emprendimiento por irregularidades en la venta de la mina, a la espera de un nuevo juicio. Vecinos de Loncopué y mapuches de Mellao Morales festejaron el fallo “como si Argentina hubiera ganado el mundial de fútbol”, recuerda Adriana Milán, de la Asamblea de Autoconvocados.

Resistencias a las petroleras en Neuquén

Desde hace diez años la comunidad Lonko Puran, ubicada a 30 km de Cutral Co, sostiene una fuerte resistencia frente a la acción de las grandes petroleras. Primero se enfrentó a Pioneer Natural Resources y actualmente a su sucesora Apache Corporation, según detallan en el estudio Patagonia Petrolera los periodistas Hernán Scandizzo y Marc Gavalda. Desde el momento en que se iniciaron los bloqueos para frenar las perforaciones en sus campos de invernada la comunidad vivió duras represiones, como la sufrida el 28 de diciembre de 2004, y larguísimos procesos penales. Un proceso parecido, pero de mayor violencia se produce en la comunidad Huenctru Trawel Leufu  contra la Petrolera Piedra del Águila, que comenzó a operar en 2007. Los piquetes que impedían el ingreso a la planta de gas no tardaron en ser reprimidos por personal contratado por la empresa, la burocracia sindical y punteros políticos del partido oficialista de la provincia, que llegaron a incendiar coches y viviendas y a amenazar con armas de fuego a integrantes de la comunidad. La Petrolera Piedra del Águila tuvo que paralizar sus labores por la falta de acuerdo entre las autoridades provinciales y la representación mapuche.

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